La Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe hizo una presentación al juez del concurso y le solicitó la restitución de Delgado y Zarich en sus funciones y la intervención formal de la empresa.
A su vez la inspectora general de Personas Jurídicas da cuenta de algunas maniobras de índole dudoso por parte de tres directores de Vicentin y de su presidente: “Apenas exteriorizado el estado de cesación de pagos, varios integrantes del directorio comenzaron con febriles movimientos tendientes a la disminución de sus respectivos patrimonios. Así están obrando Daniel Buyatti (presidente), Roberto Vicentín (director titular), Martín Colombo (director titular) y Bettina Padoan (directora suplente). Al menos es lo que se conoce hasta el momento, sin perjuicio de que puede haber más”, señala.
Según se desprende del escrito, los miembros del directorio concretaron venta o donación de al menos siete inmuebles de diversos activos. Estos datos fueron puestos a disposición del juez que entiende en el concurso en base a datos del Registro General de la Propiedad de Santa Fe.
La funcionaria había realizando una presentación formal en el juzgado de Lorenzini el viernes pasado pero, en la práctica, se entrecruzó a lo dictado por el magistrado que resolvió restituir en funciones al directorio de la empresa y desplazar a su interventor, Gabriel Delgado, al rol de veedor.
En primer término, el escrito firmado por Stratta solicitaba al juez “la intervención judicial de Vicentín y conformación de un Órgano de Intervención”. Entre los fundamentos se destaca que “existe un entramado societario que requiere control” y en tanto “los actuales integrantes del directorio no resultan idóneos para conducir la compleja situación”.
La funcionaria santafesina también hace hincapié que la intervención solicitada por la IGPJ tiene sólo carácter administrativo y debe mantenerse durante el proceso del concurso preventivo de acreedores y no sólo por 60 días, como lo había solicitado el Poder Ejecutivo Nacional. Además, remarca que el proceso busca que la empresa no incurra en la quiebra y que no avance sobre la propiedad de los accionistas. Sólo busca tener poder de gerenciamiento.
Stratta le dedica además un capítulo entero al entramado de sociedades que conforman el holding. “Vicentin SAIC es un grupo conformado por más de 20 sociedades empresas que controla directa o indirectamente a través de sociedades uruguayas y que ni siquiera menciona en el expediente de su concurso y que explotan al menos ocho actividades industriales distintas, con elevado volumen de producción y exportación”, señala a modo de resumen.
“Vicentín Family Group controla a las sociedades que hasta hace cinco años controlaba Vicentín SAIC. Es verosímil que esa sociedad uruguaya -cabeza del grupo- esté conformada por los socios de Vicentín S.A., aunque esto no puede afirmarse con certeza en este momento. Pero la trascendencia de la cuestión amerita averiguarlo”, continúa el escrito que está en manos del juez Lorenzini.
A modo de ejemplo, Stratta advierte: “En 2016, aparentemente por intermedio de Algodonera Avellaneda. el Grupo adquirió las acciones de ARSA, las que posteriormente habrían sido transferidas a una sociedad uruguaya”.
La funcionaria hace mención a la compra de Vicentin, por más de u$s100 millones de la operatoria de postres y yogures de SanCor y que hoy opera bajo el paraguas de su sociedad ARSA. Incluso, en aquel momento Vicentin le ganó la pulseada a la multinacional Coca Cola y de esta manera se hizo cargo de un negocio millonario.
En este marco, la funcionaria destaca: “Cabe agregar que la sociedad (Vicentin) se encuentra sospechada de haber cometido delitos durante su gestión. Y también varios de ellos están siendo investigados”.
Señala entonces solo algunos de los procesos judiciales que pesan sobre los accionistas de Vicentin, entre ellos se destaca el iniciado por las entidades financieras del exterior, acreedoras de de la firma,en los tribunales de Nueva York, que busca conocer en profundidad el entramado de empresas que conforman el Grupo y sus maniobras financieras de los últimos años.
Finalmente, Stratta, en su nuevo escrito presentado ayer en Reconquista solicita la restitución de sus funciones a los interventores nombrados por el PEN (Gabriel Delgado y Luciano Zarich) y propone para darle “mayor transparencia y garantía a la gestión de intervención” a un funcionario nombrado a propuesta de la Inspección General de Personas Jurídicas, cargo que recaería en Alejandro Alberto Bento. La decisión está en manos del magistrado.
