El proyecto de “Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal” recibió 40 votos a favor y 26, en contra. Ahora, deberá pasar a la Cámara de Diputados, donde por los ajustado de los números, el Frente de Todos deberá buscar y negociar mayores consensos.
En la sesión, que comenzó pasadas las 14 y se extendió por 10 horas, también se aprobó el ingreso y salida de tropas para la realización de ejercicios militares y la revocación del mandato de Mario Laporta como vocal en representación del Senado del jury de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.
Oficialismo y oposición cruzaron argumentos a favor y en contra de la iniciativa, mientras en los alrededores del Congreso un grupo de manifestantes protestaba contra la reforma que unifica los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal, con el objetivo de licuar el poder de Comodoro Py.
Avanzada la noche, la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti, denunció que por redes sociales habían amenazado de muerte a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y que dos cuentas de Twitter habían publicado todos los teléfonos y direcciones de los senadores del Frente De Todos y sus familiares. “Llamo a la reflexión a la oposición, cuando incitamos el odio en la ciudadanía suceden estas cosas. Espero no pase a mayores porque es triste que esa sea la moneda corriente de estos debates”, dijo. El senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, pidió la palabra para expresar su repudio.
Al inicio del debate, la miembro informante y la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, dio cuenta de los alcances del proyecto e indicó que espera que “esta sea la primera ley de muchas para realizar una verdadera reforma judicial que asegure la independencia de jueces y juezas”.
Luego de advertir que “se busca desconcentrar el poder de los jueces federales de Comodoro Py”, destacó que “la situación de la Justicia en Argentina es grave” y que en “cuatro años de gobierno de Mauricio Macri se instaló una mesa judicial como un órgano extrapoder”.
“Esa mesa judicial fue parte de la reforma judicial de facto que llevó adelante Mauricio Macri en la Argentina”, insistió Sacnun y habló de una “guerra jurídica” para “perseguir opositores” con la anuencia de “agentes de la AFI, fiscales, jueces y periodistas”.
La senadora del PRO y vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Laura Rodríguez Machado, fundamentó en nombre de Juntos por el Cambio el “rechazo total y absoluto” al proyecto de reforma judicial, que consideró “un festival de cargos” y “un engranaje más dentro de un plan estratégico para controlar a la justicia penal federal”.
La legisladora cordobesa criticó también el DNU que crea un Consejo Consultivo para asesorar al Presidente y cuestionó que se busque desde el oficialismo avanzar hacia “la ampliación de la Corte Suprema de Justicia y modificar la estructura del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público Fiscal para modificar el régimen de designación del Procurador General de la Nación”.
“No son pocos los motivos por los cuales estamos pidiendo la votación en contra”, dijo y afirmó “que se han estado negociando cargos”, que se quintuplicaron en relación al texto original, para que en la Cámara de Diputados se obtengan los votos necesarios para convertir en ley la reforma.
A su turno, su compañero de bloque Esteban Bullrich, indicó que “cuando uno ve una reforma pergeñada en los sótanos de la democracia, tiene que sospechar y la obligación ante esa sospecha es rechazar este proyecto”. “Queremos una reforma, sí, transparente, debatida y consensuada, no un engendro oscuro”, agregó.
“No podemos celebrar esta reforma, por el momento que se elige para la misma y por el modo que se está llevando adelante. Una reforma de este tipo demanda de una participación muy amplia para generar un consenso general y eso no sucede aquí”, continuó y pidió debatir “cosas urgentes” como la Ley de Economía del Conocimiento.
Como respuesta, la senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, indicó que “siempre es oportuno el fortalecimiento de la justicia y la democracia”. “Necesitamos un poder judicial con mayor transparencia y legitimidad social. Es nuestro deber como legisladores dar respuestas a nuestros ciudadanos”, argumentó.
En este sentido, criticó a la oposición: “Ahora dicen que estamos en pandemia, el año que viene van a decir que hay elecciones y así van a encontrar cualquier excusa porque son adictos al status quo y el peronismo fue votado para cambiar las cosas”.
“También dijeron que esta era una reforma que no iba a cambiarle la vida a la gente. No todos tenemos la suerte de vivir en la Ciudad de Buenos Aires, por eso decidimos crear cámaras en todo el país. Acá se habló con una indolencia, sobre todo de parte de senadores que provienen del interior del país y eso es mucho más grave”, agregó.
En tanto, el senador por La Pampa por el oficialismo, Daniel Lovera, celebró que el proyecto de reforma judicial ampliará cargos en la justicia federal con asiento en el interior del país y afirmó que es “un avance histórico”.
En este sentido, puso como ejemplo que en su provincia “hay dos juzgados federales” a cargo de “solamente un juez”, por lo que la reorganización en ese sentido “es un avance fundamental”, y agregó: “La Justicia representa un pilar fundamental para toda sociedad democrática, por eso es necesario mejorar su funcionamiento”.
Por su parte, el senador por Chubut del Frente de Todos, Mario Pais, consideró que este proyecto es “trascendente” ya que busca “adaptar las estructuras de la justicia federal penal para avanzar hacia una deuda de la democracia argentina, que es la implementación del sistema acusatorio”.
“Recibimos inquietudes y críticas de las ponencias de los especialistas. La oposición también estaba invitada a proponer mejoras para este proyecto de ley y han desistido de esa invitación. Lamentamos eso, realmente nos estamos perdiendo una oportunidad”, señaló.
La senadora radical Silvia Elías de Pérez aseguró que la reforma judicial “es un proyecto de intervención de la justicia”. “Lo que quieren es tomar el control de los jueces que han investigado las causas de corrupción que se han llevado los sueños de muchos argentinos”, declaró.
“Atrasan con este proyecto, van en sentido contrario de lo que se necesita para implementar el Código Procesal Penal. No hay mejora de ningún tipo, es un sistema que lo van a hacer monstruoso”, analizó e indicó que según el cálculo de Juntos por el Cambio el proyecto necesitará un presupuesto de 6.000 millones de pesos.
En el mismo sentido, el senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, indicó que esta “reforma del poder judicial mal utiliza la política para crear impunidad o asegurarse la impunidad” y cuestionó que no se entiende “por qué multiplicar los jueces va a hacer que la justicia funcione distinto”.
“Hay un problema del sistema y hay un problema de nombres y eso es lo que tenemos que abordar”, dijo y descartó que no haya visiones para “ modificar lo que nos preocupa”. “Las hay y no las debatimos como corresponde. Últimamente en Argentina debatimos mucho con el poder, con la mayoría, y muy poco con la razón”, siguió.
El senador oficialista, Oscar Parrilli, titular de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, advirtió que el rechazo de Juntos por el Cambio al proyecto muestra que “están buscando la impunidad en las causas que Macri tiene por delante”.
En referencia al agregado que se realizó al artículo 72 para incluir a los “poderes mediáticos”, dentro de los grupos de influencia que los magistrados deberían denunciar ante posibles presiones, indicó: “El Presidente fue muy claro cuando dijo que el agregado era redundante. Pero el anzuelo que tiramos prendió, porque salieron todos a defender a los grandes grupos de medios”.
En este sentido, propuso una nueva redacción que incluya “cualquier intento de influencia, indebida”. “Le sacamos la palabra mediático que tanto susto les daba y cumplimos el objetivo de que realmente los jueces tengan la protección”, ironizó.
En el momento de los cierres, el titular de la bancada de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, consideró que “Esta es una reforma, o es un parche, que se queda a mitad de camino y que no sabemos bien qué es. No se trata de una reforma integral, es del fuero federal penal, la pregunta es para proteger a quién”.
“El proyecto de ley fue mutando pero lo que se ve es un intento liso y llano de colonizar la Justicia. De eso se trata, de colonizar la Justicia, de repartir de cargos”, advirtió y cerró: “los números los tienen, pero esperemos que cuando se discuta en Diputados puedan encontrar ese parate que necesita la Argentina para reflexionar por dónde van las prioridades”.
Por último, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, criticó a la oposición por oponerse al proyecto y destacó: “Tenemos un buen proyecto que mejora la Justicia en todo el país. Aspiramos a una Justicia transparente, libre e independiente y vamos a canalizar el esfuerzo del pueblo argentino para salir de la crisis del Covid-19 y de lo que dejó el gobierno de Macri”.
“Tenemos el desafío de una Justicia libre, independiente, transparente, que llegue a tiempo y que no esté sometida a ningún poder y eso dice este proyecto”, cerró.
Qué dice la reforma judicial
El proyecto, que dispone la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal crea 23 nuevos juzgados en lo Penal Federal que pasarán a identificarse con los números 24 a 46, con la intención de desconcentrar Comodoro Py.
Los nuevos juzgados serán ocupados en una primera instancia por jueces subrogantes, hasta el nombramiento de los magistrados titulares. En ningún caso el subrogante podrá exceder el plazo de un año en el cargo desde la fecha de su designación. El texto aclara que las causas actualmente en trámite continuarán con su juez natural.
También, se transfiere la totalidad de la competencia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires, cumpliendo así con la manda constitucional de la reforma del ’94.
Además, se crean Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en las provincias y sus respectivos cargos de jueces, para lograr equidad en el sistema federal de justicia, y se crean nuevas Cámaras de Apelaciones, al igual que defensorías oficiales y cargos de fiscales, quienes tendrán un rol fundamental en el nuevo sistema acusatorio.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sufrió varios cambios, entre los que figuran el sorteo de las causas y, en ese sentido, se avanzará en la transparencia a través de la grabación por medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad. En tanto, en los concursos de selección de jueces, se mantendrá el examen escrito, además de las audiencias públicas y se garantizará la aplicación de la ley de acceso democrático a la justicia.
Asimismo, se resolvió finalmente no unificar el fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso y Administrativo Federal con asiento en CABA, pero para resolver los conflictos de competencia se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia.
El dictamen del Senado también hizo lugar al planteo de los organismos de derechos humanos para que las Secretarías con competencia específica en este tema conservan esta atribución, con su personal asignado, para no obstaculizar las causas de lesa humanidad.
De acuerdo al proyecto, la Comisión Bicameral de Monitoreo y Seguimiento del nuevo Código Procesal Penal Federal irá adecuando el sistema hacia un nuevo sistema penal democrático, acorde con los principios internacionales.
