Un nuevo informe elaborado por el Observatorio Inmobiliario de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) revela que el 80 por ciento de la actividad continúa paralizada a raíz de las restricciones impuestas por la pandemia Covid 19. La apertura parcial de las operaciones en algunas jurisdicciones posibilitó un mínimo repunte, tanto en alquileres como en compra-ventas. No obstante, ocho de cada diez inmobiliarias no pudieron cerrar ninguna operación.
“Estamos frente a una crisis sin precedentes en el mercado y creemos que se impone medidas del gobierno que incluyan una amplia moratoria, el acceso a créditos blandos y una fuerte presencia y apoyo del Estado en lo económico, en lo financiero y en lo comercial”, evaluó el presidente de CAMESI, Alejandro Ginevra.
El primer dato que surge entre los consultados es que la gran mayoría continúa sin concretar ningún tipo de operación, a pesar de que en algunas jurisdicciones se retomó la actividad y en CABA se autorizaron las visitas presenciales a inmuebles desocupados autorizadas.
En mayo, el 21% de los consultados pudo concretar alguna operación de alquiler, lo que representa un aumento significativo en términos relativos respecto al mes anterior (9%), pero refleja que la gran mayoría de los consultados continúa sin registrar operaciones.
Similar panorama se dio en el rubro de compra-ventas. Apenas el 18% de las inmobiliarias cerró una operación (en abril lo había hecho el 7%).
El trabajo del Observatorio Inmobiliario de la entidad que nuclea a empresas y agentes del sector inmobiliario del todo el país se realizó en base a consultas a representantes del sector con el objetivo de escribir el accionar de los operadores durante el mes de mayo y analizar políticas públicas e instrumentos puestos en marcha por los gobiernos, así como las modalidades de trabajo, cumplimientos y desarrollo de las actividades del rubro. Todo esto en el marco de las restricciones impuestas por el combate a la pandemia Covid 19.
Del informe elaborado por la entidad se desprende que el 43% de los operadores no pudo cumplir con la totalidad de los servicios de su empresa y el 61%, con la totalidad del pago de sus obligaciones.
Específicamente, el 60% de quienes pagan sueldos no está pudiendo cumplir el pago total de los haberes a sus empleados. Y el 48% de los que pagan comisiones pudo hacerlo en forma total.
En cuanto al pago de alquileres por parte de los inquilinos durante el pasado mes, poco más de la mitad (52%) pudo abonar la totalidad de la renta, mientras que el resto realizó pagos parciales.
Se mantiene la modalidad del pago a través de la transferencia bancaria, alcanzando en mayo el 40 por ciento del total. Así, se registró un incremento del más del 10% en el cumplimiento del pago de alquileres y se sostuvo el nivel de cobro por transferencia, lo que indica que la liberación parcial de la actividad facilitó el cumplimiento de esta obligación a los locatarios con circulación.
Precisamente, la apertura de la actividad en algunas jurisdicciones y la autorización de visitas presenciales a inmuebles desocupados durante el último mes en CABA -que registra en la medición un aval del 97% de los operadores-, impactaron de manera positiva en algunos índices.
Por caso, el pago de servicios e impuestos mejoró un 3% en su cumplimiento respecto al mes anterior. Aumentó también en un 4% el cumplimiento de pago de comisiones con respecto a abril. Durante mayo, se incrementó en un 7% el pago total de tarjetas de crédito de los operadores y en igual número aumentaron su participación de servicios publicitarios.
Por otra parte, casi el 60% de los consultados, registra un aumento en la oferta de locales comerciales, sobre todo en centros urbanos de gran circulación, lo que denota una profunda crisis que atraviesa la economía.
Para Alejandro Ginevra “el rol del Estado, también en nuestra actividad, es imprescindible. En principio, y fundamentalmente, para achicar los márgenes de incertidumbre con los que hoy nos manejamos, que no nos permiten planificar lo mínimo en el plano inmediato”.
En ese sentido, consideró “urgentes y necesarias” políticas oficiales que “permitan un estímulo inmediato, obviamente manteniendo el objetivo de priorizar la salud a la economía. Concretamente se impone una amplia moratoria, el acceso a créditos blandos y una fuerte presencia y apoyo en lo económico, en lo financiero y en lo comercial”.
