La interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad Manin, anticipó este miércoles que la actualización tarifaria de las distribuidoras Edenor y Edesur será “semestral”, en función del “análisis de los costos, el flujo de fondos y el cumplimiento de las inversiones” de las compañías, y en su entrevista con Télam destacó la importancia de que el Estado recupere “su rol planificador en materia de infraestructura eléctrica”.
-Manin, ¿por qué no se renegoció la RTI vigente y se decidió un esquema de transición?
-El ENRE auditó el proceso de RTI de 2016 y los resultados arrojaban un cuadro que no sólo implicó un aumento irracional de la factura, pasando de un incremento nominal de 2015 a 2019 de 3.200% en las tarifas de los usuarios residenciales, sino que fue inaplicable por el mismo gobierno de Mauricio Macri, que al ver el impacto de esos aumentos en la población y en la economía determinó el congelamiento. Si hoy continuáramos con ese esquema tendríamos un 168% de aumento real en la factura del servicio eléctrico.
Ahora, la transición tiene que ver con salir del esquema de RTI que derivó en tarifas injustas, poco razonables y poco transparentes e ir abonando el terreno para llegar a una próxima RTI en 2023. En ese tránsito tenemos que posibilitar a las empresas que operen, mantengan y aseguren las inversiones necesarias para mantener la calidad a partir de un análisis del flujo de fondos e inyectándole dinero a medida que se demuestren las inversiones.
-¿Cómo afectaron dos años de congelamiento a las cuentas de las empresas?
-El retraimiento de la demanda y el mantenimiento tarifario pudieron haber repercutido en una merma de los ingresos, pero lo cierto es que vienen de cuatro años con un incremento sustancial. Por lo tanto el riesgo empresario sabe que es así, resultado de una crisis económica mundial y no por una medida caprichosa de un gobierno que ataca a determinado sector.
Los números se analizan en función de garantizar el servicio pero no cambia en que la merma de los ingresos no hizo que el negocio dejara de ser rentable, porque grupos económicos que no ganan por un segmento ganan por el otro, y lo que ganaron en los cuatro años anteriores quizás ahora pueda ganar un poco menos. La crisis económica los afecto como afectó a todos los argentinos.
-¿Qué tan lejos están las expectativas del ENRE y de las empresas sobre el incremento futuro de las tarifas?
-Nosotros tenemos unos requerimientos de fondos en los que Edenor pide un incremento del 109% en el VAD respecto de 2020, pasando de $29.000 millones en 2020 a más de 60.000 millones en 2021, esto repercutiría en un 157% de aumento para el usuario residencial R1 y en un 65% para el R2.
Edesur pide un aumento de VAD respecto de 2020 de 253%, pasando de $16.000 millones a $54.000 millones, por lo tanto en factura el promedio seria de 81%. Esto es inviable en el contexto en que estamos saliendo de una crisis económica y tenemos la intención de que haya un crecimiento de las familias, de las industrias y los comercios. No se puede pensar en acompañar la economía y su recuperación si estamos hablando de estos montos.
-¿El límite de aumento tarifario requerirá incorporar subsidios que hasta hoy no existían en el segmento de distribución?
-Evidentemente va a haber un margen que va a tener que ser cubierto por subsidios y eso tiene que ver con variables macroeconómicas, del presupuesto y decisiones del Ministerio de Economía en función de cuantos fondos se pueden destinar a estos subsidios. Pero sin dudas el aumento no puede superar la inflación, sino vamos contra la economía de la gente y metiendo la mano en el bolsillo cuando queremos que se reactive.
“Apuntamos a que la calidad sea cada vez mejor, que vaya decreciendo el nivel y duración de los cortes”
–-¿A partir de ahora cómo se definirá la actualización de las tarifas?
-La actualización va a ser semestral en función del análisis de los costos y los flujos de fondo de las empresas. A medida que se vayan dando etapas de cumplimiento de las inversiones, los trabajos de mantenimiento y reparación que tienen que hacer para brindar el servicio se van a ir desembolsando fondos y haciendo estos ajustes, con el objetivo final de la RTI de 2023.
-La mejora de la calidad de servicio requiere de muchas obras admitidas por las propias empresas ¿El Estado se puede hacer cargo de ellas?
-Si, esto tiene que ver con recuperar el rol planificador del Estado en materia de infraestructura eléctrica, que fue algo que se perdió durante el macrismo, donde las obras eran solamente de iniciativa privada. Este esquema permite que se dirección en ciertos fondos a cofinanciar obras de envergadura que las iniciativas privadas son reacias a hacer. También el objetivo de esta gestión es acomodar la situación de Cammesa para que no se sigan endeudando las distribuidoras para descontarse las supuestas deudas que tienen, entonces cuando la empresa diga que no tiene dinero para obras, el Estado participara financiando parte de ellas.
-¿Qué se está requiriendo a las empresas en cuanto a inversiones?
-Lo que pedimos es respecto a los indicadores de calidad, SAIDI y SAIFI, sobre cantidad y duración de los cortes. Y apuntamos a que la calidad sea cada vez mejor, que vaya decreciendo el nivel y duración de los cortes, y para eso -conforme al esquema regulatorio que es de los 90-, se plantea que las empresas tienen que ver las inversiones necesarias para alcanzar esos indicadores. Pero una vez que presentan los planes de inversión los tienen que cumplir, pero ni siquiera cumplieron con lo mismo que ellos comprometieron. Lo que apuntamos es a que en algún semestre pueda mantenerse pero nunca ir para atrás.
