“Lamento profundamente que el Estado haya gastado 14 años de recursos, sobre todo el tiempo de los magistrados aquí presentes, para lo que es evidente, que yo no cometí delito alguno”, dijo la exfuncionaria en su defensa.
La condena incluye la obligación de restituir al Estado Nacional la suma de 6.941.170 pesos, que deberá entregar al actual Ministerio de Medio Ambiente.
El fallo fue leído esta tarde por la presidenta del tribunal oral federal número seis, Sabrina Namer, acompañada en la plataforma virtual Zoom por sus colegas Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel.
Picolotti, quien asistió a la audiencia (y a todo el juicio) desde Estado Unidos, donde reside y trabaja actualmente, no irá a prisión, pero deberá respetar durante tres años reglas de conducta, entre ellas presentarse periódicamente en una sede diplomática en el extranjero e informar sobre cualquier cambio en su condición migratoria.
Esta mañana, antes de conocer el veredicto, Picolotti había proclamado su inocencia, tal como lo hizo su defensa en la audiencia de alegatos: “yo no cometí ningún delito”.
En ese sentido, pidió su absolución e insistió en la prolongación del proceso, que insumió 14 años, lo que consideró un “exceso” en el “plazo razonable” para una causa judicial.
Picolotti fue condenada por utilizar fondos estatales para gastos personales, entre ellos comidas, perfumes, flores, alimento para mascotas, sahumerios y vuelos charters para familiares y allegados.
La defensa había pedido, además, la declaración de “prescripción” de la causa por violación al principio de “plazo razonable” para resolver un proceso judicial.
El fiscal Diego Luciani había pedido la pena de tres años y medio de prisión de cumplimiento efectivo.
El tribunal resolvió hoy, en el veredicto, “no hacer lugar a la prescripción” y rechazar también el resto de las nulidades planteadas por la defensa.
En cuanto a la restitución del dinero, ello no se hará efectivo hasta tanto la sentencia quede firme, pero el tribunal le advirtió que una vez cumplida esa etapa podrá ejecutar sus bienes embargados para hacer frente a esa parte de la condena.