El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), al habilitar mediante una resolución oficial la posibilidad de interrumpir el servicio de agua por falta de pago, una medida que hasta ahora estaba restringida por normativa vigente.
La decisión fue publicada este martes en el Boletín Oficial, a través de una resolución de la Secretaría de Obras Públicas. Según el texto, el objetivo es “dotar de mayor eficiencia” al sistema y “alinear los incentivos” de los usuarios y la empresa en un contexto de “revisión del marco normativo” del servicio.
La norma modifica una disposición previa que impedía a AySA interrumpir el suministro de agua potable por incumplimiento en el pago, con el argumento de que se trata de un servicio esencial. Con el cambio, ahora se habilita la suspensión “en situaciones excepcionales”, aunque sin detallar los criterios específicos.
Desde el Ejecutivo señalaron que esta medida forma parte del plan de adecuación de la empresa de cara a su futura desregulación y posible traspaso a capitales privados, proceso que se encuentra en etapa de evaluación.
La iniciativa generó reacciones en distintos sectores. Desde organizaciones sociales y defensorías del pueblo expresaron preocupación por las consecuencias que podría tener la interrupción del servicio en sectores vulnerables, mientras que desde el oficialismo remarcaron la necesidad de avanzar en esquemas “más sustentables” y con “mayor responsabilidad en el uso del agua”.
Actualmente, AySA presta servicios a más de 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
