El ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires anunció la extensión del período de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles por nuevos papeles de deuda hasta el próximo 23 de abril.
A pesar de la decisión de un grupo de acreedores de presentar demandas de pago en los tribunales de Nueva York, el gobierno de Axel Kicillof dijo que sigue comprometido “a realizar una negociación de buena fe a fin de reformular los términos y condiciones de los bonos elegibles”.
“El equipo económico de la provincia que está llevando adelante el proceso de reestructuración de deuda está convencido de que el litigio en los tribunales no es el camino, porque no resuelve el problema de sostenibilidad de la deuda”, dijo el gobierno provincial.
Esa estrategia de los acreedores, señaló, tampoco aumenta la capacidad de pago existente, por lo que la “solución debe ser consensuada y compartida”.
La provincia permanece abierta al diálogo con sus bonistas sobre posibles enmiendas a los términos de la propuesta establecidos en la invitación al canje de deuda, incluidos los informados en el comunicado emitido el pasado 21 de marzo, agregó el gobierno provincial en un comunicado.
Recientemente y tras once meses de negociaciones para refinanciar la deuda de 7.148 millones de dólares emitida bajo legislación extranjera, acreedores de la provincia demandaron al gobierno bonaerense con dos solicitudes en paralelo.
Las denuncias que llegaron a la corte del Distrito Sur de Nueva York -que ya tiene varios expedientes que involucran a la Argentina- están firmadas por el estudio White & Case.
Ese estudio es conocido en la Argentina porque también negoció la reestructuración de la deuda soberana y de las obligaciones de Córdoba, el canje reciente de YPF y realizó una demanda contra la provincia de Entre Ríos.
Este estudio representa al grupo de acreedores Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Buenos Aires, que quieren cobrar después de que el proceso de reestructuración se haya extendido por casi un año.
En las demandas, que son dos porque representan las series de bonos de 2005 y 2016 por separado, se indicó que en el último año se les debería haber pagado a los tenedores en capital e intereses 204,8 millones de dólares y 1.900 millones de dólares.
Estas demandas fueron presentadas “en relación con el continuado default de los pagos programados de intereses y/o capital bajo cada una de estas series de bonos”. Entre los acreedores que iniciaron acciones legales figura el fondo Amundi y los sistemas de pensión de empleados del estado de Luisiana y del condado de San Bernardino.
