Axel Kicillof busca una autorización de la Legislatura bonaerense para salir a tomar deuda con organismos internacionales por USD 500 millones. Además, apunta a emitir un bono de $20.000 millones para cancelar atrasos con proveedores.
El Ejecutivo envió un paquete de leyes a la Legislatura que contempla estos dos pedidos de autorización de endeudamiento para cubrir gastos generales y un pedido para la ampliación por hasta $8.000 millones para la emisión de Letras del Tesoro.
El gobierno provincial está funcionando sin presupuesto, toda vez que el Gobernador apostó a renegociar con los acreedores para después enviar a la Legislatura un cálculo de gastos y recursos.
Se prevé que la Legislatura sesione esta semana de manera online, allí se daría ingreso a los proyectos de endeudamiento para ser aprobados la semana próxima.
Los legisladores de Kicillof necesitan dos tercios del recinto. Se presume que no habrá problemas en Diputados, pero el desafío estará en el Senado donde 26 de las 46 bancas son controladas por María Eugenia Vidal.
Los USD 500 millones implican en líneas generales, la mitad de la autorización de endeudamiento que Vidal solicitó a Legislatura en 2018 durante el último pedido que realizó al congreso provincial. Aunque claro, Kicillof puede enviar proyectos con solicitudes de endeudamiento a lo largo del año.
En los argumentos del proyecto, el Gobernador aludió a que, como consecuencia de la cuarentena, la provincia espera una caída en su recaudación entre marzo y junio del 23%.
Los organismos internacionales asoman como única opción para el gobierno en medio de una compleja negociación con los acreedores. El lunes, Kicillof no pagó un vencimiento de por USD 110 millones y esos tenedores de crédito podrían considerar a la adminstración bonaerense en default.
El día 11 de mayo venció el período de gracia para cancelar dos bonos que habían vencido el 1 de mayo. A pesar de ser un monto chico, Kicillof eligió no cancelar esa deuda y apostar a dar un plazo mayor a la reestructuración global.
Es que en paralelo, los bonistas que habían sido ingresados en una propuesta de reestructuración se negaron a aceptaron las condiciones del gobierno y el Gobernador decidió postergar el cierre de la operación hasta el 26 de mayo.
Con la postergación del plazo el gobierno busca ganar tiempo y avanzar en sintonía con la estrategia de Martín Guzmán. Sin embargo, lo que decidan los tenedores de esos bonos correrá por otro carril: podrían aceptar continuar la negociación tal como lo propone el Gobernador o directamente recurrir a los tribunales.
