La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó el martes que se declare nulo el “Contrato de Fideicomiso Ciego de Administración” de los bienes de Mauricio Macri, que el expresidente celebró el 12 de abril de 2016, y además describió una serie de irregularidades por las que remitió una copia de la resolución que impulsa “la acción judicial de nulidad” a la Oficina Anticorrupción “a los fines de hacer las presentaciones judiciales que estime corresponder”.
A través de la resolución 226/2021, un documento de 59 páginas al que tuvo acceso Télam, la IGJ promovió la nulidad del Contrato de Fideicomiso que Macri firmó con la sociedad “Seguridad Fiduciaria SA” en los primeros meses de su gobierno.
Además, el organismo que fiscaliza a las sociedades comerciales dispuso que se considere nula a esa sociedad (Seguridad Fiduciaria SA) y declaró “la irregularidad e ineficacia en términos administrativos” de todos los actos societarios realizados por cuatro empresas vinculadas a Macri: Molino Arrocero Río Guayquiraró SA, María Amina SA, 4 Leguas SA y Agro G SA.
En otro tramo de la resolución, la IGJ remarcó que la categoría de fideicomiso ciego “no encuentra el menor antecedente en la legislación comparada ni en la doctrina nacional y extranjera”.
Además, la IGJ, que dirige Ricardo Nissen, determinó que los bienes incluidos en “el denominado fideicomiso ciego de administración no constituían, ni por asomo, la totalidad de su patrimonio” del expresidente Macri, tras lo cual detalló que esos bienes apenas representaban “un 53% del conjunto total” de las pertenencias y propiedades de Macri.
Sobre ese punto, el organismo aseguró que “el devenido en fiduciante” (por Macri) no fue “veraz” al suscribir el fideicomiso debido a que en el apartado “B” de ese documento se había comprometido a “evitar conflictos de intereses y otorgarle transparencia a la administración de su patrimonio durante el período en que ejerza el cargo de Presidente de la Nación Argentina”.
En otro punto de la resolución, la IGJ describió una operatoria “ilegítima” entre el llamado Fideicomiso Ciego de Macri con la empresa Agro G SA ya que esta sociedad emitió acciones por 54.286.824 pesos sin inscribir el correspondiente aumento del capital social en el Registro Público de la propia Inspección de Justicia, “ni jamás nadie compareció a asamblea alguna como titular de dichas acciones”.
Según la descripción realizada por el organismo, la sociedad Agro G SA luego transfirió de modo ilegal esas acciones -por 54.286.824 pesos- al Fideicomiso ciego de Macri, supuestamente bajo el concepto de “dividendos”.
En otro párrafo de la resolución 226/2021, fechada este 27 de abril, el organismo que depende del Ministerio de Justicia consideró que la sociedad Agro G SA previamente había recibido esa suma de 54.286.824 pesos, también en concepto de “dividendos”, de la sociedad Latin Bio SA, de la cual, subrayó la entidad, “participa también la cónyuge de Mauricio Macri (por Juliana Awada), como titular del 20,25% de dicho capital”.
“Tales circunstancias -remarcó por último la IGJ- obligan a remitir copia de esta resolución y de la documentación correspondiente a la Oficina Anticorrupción, a los fines de hacer las presentaciones judiciales que estime corresponder, para el caso de entender necesario una investigación del episodio en sede criminal”.
El organismo también instruyó a su propio Departamento de Asuntos Judiciales para que “promueva las acciones judiciales” pertinentes.
