De acuerdo con la reciente ley de alquileres, sancionada en junio de 2020, en pocos días se deberán ajustar los valores de los contratos de locación firmados hace un año. El incremento se concretará a partir de julio en relación con el índice que tiene en cuenta aumentos salariales e inflación.
El año pasado, en plena pandemia y con la actividad económica ya golpeada, el Congreso aprobó lo que, en principio, sería una buena noticia para las personas que alquilan: la ley 27.551. Tal norma, además de ampliar la duración de los contratos de alquiler para vivienda, de dos a tres años, fijó un mecanismo anual para los aumentos de los precios del alquiler. Se trata de un índice que considera los aumentos salariales (teniendo como referencia la remuneración promedio de los trabajadores estables) y la inflación (según el IPC del INDEC): esos ingredientes son el insumo para el ICL o Índice para Contratos de Locación.
Según cálculos del sector, la aplicación del ICL a partir de julio (cuando los contratos firmados en julio de 2020 cumplan los primeros 12 meses) podría traer aparejada una suba del valor de los alquileres no inferior al 35% (quizás cercana al 40%).
De esa manera, al cumplirse un año de cada contrato firmado a partir de la nueva ley, el valor mensual a pagar se estipulará según el ICL que publica el Banco Central de la República Argentina en su web.
Todos pierden, pero los inquilinos pierden más
Tomando como referencia lo sucedido entre mayo 2020 y mayo 2021, para estimar el monto del aumento en ciernes, en ese lapso un alquiler de unos 20.000 pesos pasaría (según el ICL) a 27.000. Esto significa que los inquilinos deberán destinar un 35% o 40% más para contar con una vivienda.
Sin embargo, este notable impacto en la economía familiar de los inquilinos está lejos de la inflación desbocada que podría llegar –en julio- al 60% anual. Si bien es menor a la inflación, es superior a los incrementos salariales del grueso de los trabajadores registrados.
Aunque la Ley de Alquileres cumplió en parte con limitar los aumentos abusivos, queda en evidencia que la norma, por sí sola, no alcanza para brindar un paraguas protector a los actores más débiles dentro de este escenario. Al respecto, desde el Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires indican que, según la variación del índice de precios al consumidor “la proyección del índice de aumento anual de alquileres confirma que la ley tuvo por sentido frenar el abuso y la arbitrariedad en los aumentos”.
También destacaron que el incremento del alquiler será un 15% inferior a la inflación. Asimismo, desde su web informan que la Defensoría registró 756 denuncias relacionadas con el acceso a la vivienda y el costo de los alquileres; mientras que el 37% de reclamos estuvo referido a desalojo, firmas de contratos en forma ilegal y aumentos al margen de la ley. En tal sentido recibieron quejas por aumentos de hasta el 150% en las renovaciones de contratos, y por el intento de propietarios de hacer contratos de 12 meses (y no de 36 como marca la legislación). En ese contexto se puede advertir, en comparación con el año pasado, que un alquiler cuesta entre un 60 y 70% más, dependiendo la ciudad y la zona.
Frente a la grave situación que ahoga económicamente a quienes deben pagar mes a mes por una vivienda rentada; el ICL se presentó en su momento como un buen intento para paliar la situación. Sin embargo, desde sectores que nuclean a inquilinos advierten que “es urgente e imprescindible articular desde el Estado acciones y medidas que ayuden a este enorme colectivo de personas a poder atravesar la crisis con mejores herramientas y las menores consecuencias posibles para sus economías familiares”.
