El presidente Javier Milei confirmó que vetará las leyes sancionadas por el Senado en julio –que incluyen un aumento del 7,2 % a los jubilados, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia nacional en discapacidad– por considerarlas una amenaza al equilibrio fiscal del país. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó esa postura institucional en varias entrevistas.
Estas normas fueron formalmente comunicadas a la Casa Rosada hace pocos días, activando el plazo constitucional de diez días hábiles para que Milei decida si promulga o promulga observadas. Ese período expira el 4 de agosto.
Aunque algunas leyes cuentan con mayoría opositora sólida, en especial la de discapacidad, el oficialismo exigirá quórum en Diputados, donde necesita al menos 87 votos para sostener el veto. El bloque de La Libertad Avanza (LLA) dispone de 39 miembros propios, por lo que debe sumar al menos 33 legisladores opositores, entre PRO, UCR y otros aliados provinciales.
Así, el Gobierno intensifica negociaciones con gobernadores “dialoguistas” como Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), entre otros, con el objetivo de asegurar los votos necesarios en Diputados y evitar que las leyes se concreten pese al veto.
Desde la oposición ya evalúan una estrategia para sancionar otros proyectos sensibles, incluidos el financiamiento universitario y el plan de emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan, antes de que el Ejecutivo firme los vetos.
En ese contexto, la tensión entre el oficialismo y los bloques opositores no solo se refleja en el proceso legislativo, sino también en las mesas de negociación política, donde cada fracción intenta mejorar su posición de cara a los desafíos legislativos y estratégicos vinculados a las elecciones.