La conflictividad laboral en la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento crítico. En Campana, Pilar y San Isidro trabajadores de distintos sectores denuncian despidos masivos, suspensiones, salarios atrasados y medidas de ajuste a causa de la contracción económica.
La conflictividad laboral en la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento crítico, con trabajadores de distintos sectores denunciando despidos masivos, suspensiones, salarios atrasados y medidas empresariales que buscan debilitar la organización sindical.
En Pilar, la planta de Ilva cerró sus puertas con candados el viernes pasado, dejando en la incertidumbre a más de 280 operarios. La empresa notificó el envío de telegramas de despido y adelantó que planea reducir al mínimo su dotación para volcarse a la importación de productos, pese a haber realizado millonarias inversiones en maquinaria. “La planta está parada y nosotros acampando afuera”, relató Marcelo Barrionuevo, delegado de los ceramistas.
A pocos kilómetros, en Campana, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció una avanzada de Techint sobre los trabajadores de Siderca. “Hoy echaron a 65 trabajadores y la semana que viene pueden ser 100 más”, advirtió el secretario general Abel Furlán, quien además cuestionó la proliferación de contratistas que pagan “salarios de hambre”. El dirigente subrayó que el trasfondo del conflicto es la paritaria trabada hace 13 meses con la Cámara Argentina del Acero.
El panorama también se repite en la madera. El Sindicato de Madereros de Zona Norte denunció dos despidos “con causa” en Industrias Iberia, sin procedimiento legal, además del envío de cartas documento a delegadas que encabezaron reclamos por sueldos atrasados y la apertura de paritarias. El Ministerio de Trabajo bonaerense ya tomó intervención, aunque todavía no dictó resolución. El gremio advirtió que la maniobra busca disciplinar la protesta y no descarta un paro de actividades.
Los tres casos reflejan una misma tensión: empresas que ajustan sus plantillas y salarios en un contexto de recesión y sindicatos que resisten en defensa de los puestos de trabajo. Mientras tanto, la conflictividad en la principal provincia industrial del país sigue en aumento y amenaza con expandirse a otras ramas de la producción.
Con esas palabras el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, advirtió por el “daño enorme” que el presidente Javier Milei le produce al país en general y a la Provincia en particular.
“La provincia de Buenos Aires tiene una situación estructural problemática vinculada a la coparticipación federal, recibe recursos por el 22 % del total que coparticipa el Estado nacional pero entrega cerca del 40 por ciento”, contextualizó el funcionario.
En este sentido, indicó que “esa situación injusta nos deja de movida en desventaja. Porque es con ese telón de fondo que la Provincia tiene que afrontar el gasto de servicios e infraestructura para 17 millones de habitantes. Los problemas de déficit de infraestructura son históricos. De décadas”.
“Algunas provincias dedican el 10 o 15 por ciento de inversión a la infraestructura. Nosotros, con el gobierno de Axel Kicillof, pasamos del 4 al 7. Un avance enorme respecto del gobierno de María Eugenia Vidal”, detalló el titular del Palacio de Hacienda.
