En octubre de 2024, el Gobierno adjudicó de forma directa a la empresa OCP Tech —propiedad de Leonardo Scatturice, un empresario vinculado a Santiago Caputo— un contrato por USD 78,65 millones para renovar las licencias de conectividad de más de 40.000 escuelas públicas en todo el país.
El acuerdo fue justificado como contratación exclusiva debido a que Cisco Argentina, fabricante del equipamiento, certificó a OCP Tech como su único revendedor autorizado en el país. Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos, ya que en el expediente figuran al menos dos presupuestos alternativos que no fueron evaluados formalmente.
La provisión incluye la renovación por tres años de 223.828 licencias Cisco Meraki, sistema utilizado desde 2017 como parte del Plan Nacional de Conectividad Escolar. Un informe técnico de Educ.ar y una validación de la UTN respaldaron la continuidad del proveedor actual y alertaron que cualquier cambio tecnológico implicaría riesgos operativos, altos costos y posibles interrupciones del servicio.
En comparación, la última renovación de licencias realizada en 2021 había sido adjudicada por licitación pública a la empresa Distecna S.A. por USD 16,8 millones, un monto considerablemente menor, aunque por una cantidad parcial de licencias y con vencimientos escalonados.
Además del contrato educativo, OCP Tech acumula más de 260 procesos administrativos como proveedor del Estado. Scatturice, además, es dueño de Flybondi y mantiene vínculos con sectores de inteligencia y del gobierno de Javier Milei. En su historial reciente también figura una polémica en Aduana relacionada con un vuelo privado.
El contrato se enmarca en el programa federal de conectividad escolar “Aprender Conectados”, que busca garantizar wifi en todos los niveles educativos públicos. La red es administrada por Educ.ar mediante un centro de monitoreo remoto que permite diagnosticar y resolver fallas técnicas sin necesidad de asistir físicamente a las escuelas.
