En la antesala del vencimiento del plazo legal, el presidente Javier Milei se prepara para firmar los vetos a las leyes sancionadas por el Congreso que establecen una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y refuerzan el financiamiento universitario y del Hospital Garrahan. El Ejecutivo evalúa los tiempos con precisión quirúrgica para oficializar esas decisiones y evitar mayores tensiones políticas.
La estrategia del Gobierno no se agota en la herramienta del veto: mientras tanto, funcionarios nacionales activaron contactos con gobernadores aliados y dialoguistas con el objetivo de contener posibles reacciones adversas en el Senado, donde algunas provincias ya manifestaron su disconformidad con los recortes presupuestarios.
Desde la Casa Rosada admiten que las negociaciones apuntan a asegurar gobernabilidad y preservar el equilibrio fiscal, uno de los pilares del plan económico libertario. Sin embargo, el rechazo a la nueva fórmula jubilatoria y al aumento de partidas para universidades y salud generó malestar en distintos sectores, incluidos bloques aliados.
En paralelo, fuentes oficiales aseguran que Milei no se apresurará en los tiempos. La intención es agotar el margen legal de diez días hábiles que establece la Constitución para firmar los vetos, y evitar, en lo posible, que coincidan con votaciones clave u otras medidas sensibles.
La dinámica parlamentaria, sumada al reacomodamiento de fuerzas tras los últimos acuerdos políticos —como el sellado con el PRO en la provincia de Buenos Aires—, obliga al oficialismo a desplegar una estrategia más fina, en la que los vetos conviven con la necesidad de negociar.
La apuesta es clara: sostener el rumbo fiscal sin ceder al avance de proyectos que el Presidente considera “populistas”, pero sin romper del todo con gobernadores que aún son clave para la sanción de futuras reformas estructurales.
