El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín suspendió este miércoles los efectos del Decreto 280/2024, mediante el cual el presidente Javier Milei había ordenado la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, como parte del plan de reorganización del Estado.
La medida fue dictada por la jueza Martina Forns, en respuesta a una presentación del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), que cuestionó la legalidad de la decisión del Poder Ejecutivo. La organización gremial planteó que el decreto excedía las facultades del presidente y que implicaba una grave afectación a los derechos laborales y a la infraestructura vial del país.
“Se advierte que el Poder Ejecutivo estaría arrogándose facultades que no le corresponden constitucionalmente”, argumentó la magistrada en su fallo. En consecuencia, ordenó la suspensión inmediata del decreto hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, preservando así la operatividad de Vialidad Nacional.
El decreto en cuestión preveía que las funciones de Vialidad pasaran a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, bajo un nuevo esquema de centralización administrativa. La decisión había generado un amplio rechazo no solo entre los trabajadores del organismo, sino también entre gobernadores y sectores de la oposición que advirtieron sobre el impacto en la planificación y ejecución de obras en rutas nacionales.
Desde el gremio celebraron la resolución judicial como un freno al “avasallamiento institucional” y ratificaron su intención de continuar la vía legal para declarar la nulidad total del decreto.