El Gobierno nacional formalizó este lunes el inicio del proceso de privatización de AySA, Enarsa e Intercargo, al declarar “sujetas a privatización” a las tres compañías estatales. La decisión fue oficializada a través de la Resolución 469/2024 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y se basa en las facultades otorgadas por la recientemente sancionada Ley Bases.
Con esta medida, el Ejecutivo instruyó al Ministerio de Economía y al Comité de Privatizaciones a llevar adelante los estudios técnicos necesarios y definir las modalidades mediante las cuales se ejecutará la transferencia al sector privado. Las opciones incluyen la venta total, parcial o concesiones, según cada caso.
AySA, empresa encargada del suministro de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, está bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete desde 2020. La firma había quedado excluida del primer listado de empresas a privatizar durante el debate legislativo, pero finalmente fue incorporada en el texto definitivo de la Ley Bases.
La resolución también alcanza a Intercargo, responsable de los servicios de rampa en aeropuertos, y a Energía Argentina (Enarsa), empresa vinculada a proyectos energéticos estratégicos. En todos los casos, se buscará asegurar la continuidad del servicio y condiciones de transparencia en el traspaso.
Desde el oficialismo aseguran que la decisión apunta a “reducir el déficit fiscal, mejorar la eficiencia y concentrar al Estado en funciones esenciales”. Sin embargo, sectores de la oposición y gremios ya anticiparon su rechazo y alertan sobre posibles impactos en la calidad del servicio y el empleo.