El Gobierno nacional avanza en un plan para concesionar unos 4.400 kilómetros de rutas nacionales estratégicas, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial mediante la inversión privada. La medida será impulsada a través de una licitación pública que se prevé lanzar en el segundo semestre del año, con contratos de hasta 15 años de duración.
El proyecto contempla tramos ubicados en corredores logísticos y productivos clave, con el fin de potenciar la competitividad del transporte de cargas y reducir costos logísticos. A diferencia de los modelos anteriores, se trata de un esquema de participación público-privada en el que las obras, el mantenimiento y la operación de las rutas estarán a cargo de empresas privadas, sin desembolsos del Estado.
Según indicaron fuentes oficiales, el Ministerio de Economía junto a la Dirección Nacional de Vialidad están trabajando en la definición del esquema técnico y financiero del proceso. Entre las zonas que podrían ser incluidas se encuentran rutas del NOA, NEA, el Litoral y el Corredor Bioceánico.
La licitación será estructurada bajo un modelo de contrato por disponibilidad, lo que implica que las empresas adjudicatarias cobrarán en función de su cumplimiento con estándares de calidad en mantenimiento, señalización y transitabilidad, sin cobrar peajes directamente a los usuarios. El Estado, en cambio, realizará pagos periódicos en función de los resultados verificados.
El Gobierno considera que esta iniciativa permitirá movilizar inversiones del sector privado por cifras cercanas a los USD 4.000 millones, reactivando la obra pública sin comprometer recursos fiscales en un contexto de fuerte ajuste.
La concesión incluirá también tareas de conservación y modernización tecnológica de los corredores, como iluminación LED, instalación de sistemas inteligentes de control y mejoras en seguridad vial. Las autoridades esperan que el proceso esté abierto a empresas nacionales e internacionales.
Este nuevo esquema se enmarca dentro del plan de desregulación y eficiencia del gasto público impulsado por el presidente Javier Milei, que busca reorientar el rol del Estado como facilitador de inversiones en lugar de ejecutor directo de obras.