El conflicto universitario entre los gremios de los profesores y el Gobierno continúa escalando, amenazando el inicio del segundo cuatrimestre en varias instituciones. En ese marco, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anticipó un paro por una semana en el comienzo de la segunda parte del año lectivo.
Desde la conducción de la CONADU, la decisión de iniciar una huelga prolongada busca visibilizar el descontento de los cuerpos docentes con la situación salarial y presupuestaria que atraviesan diferentes casas de altos estudios de todo el país. El nuevo ciclo académico, que debía funcionar con normalidad a partir del 11 de agosto, podría quedar comprometido ante la falta de acuerdo con el Ejecutivo nacional, según comunicaron desde la federación.
El malestar entre docentes y trabajadores universitarios no es reciente. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, estudiantes, profesores y autoridades protagonizaron masivas manifestaciones en defensa de la universidad pública y la educación gratuita. La denuncia de recortes presupuestarios, demoras en las transferencias de fondos y la pérdida creciente del poder adquisitivo apuntalan la tensión con la gestión nacional y exponen la profundidad de la crisis en el sistema universitario argentino.
La medida, consensuada en el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la CONADU con la participación de 25 gremios de todo el país, prevé la realización de un paro desde el próximo 11 de agosto. La convocatoria, que será propuesta ante el espacio del Frente Sindical de las Universidades Nacionales, aspira a robustecer la acción mediante una coordinación ampliada.
Carlos De Feo, secretario general de la CONADU, afirmó: “La situación salarial que estamos viviendo en las universidades es histórica. No hemos vivido nunca en nuestro país una caída salarial de estos niveles. Pero nuestros reclamos no pueden ser sectoriales; las y los universitarios debemos aportar y confluir con las demandas de los distintos sectores que hoy sufren las consecuencias del programa de gobierno en todo el país. Nuestra pelea debe entenderse en el marco de la situación que sufre el conjunto del pueblo argentino: pobreza, desempleo, desguace del Estado y pérdida de soberanía como resultado de las políticas de Javier Milei”.
Entre las entidades gremiales que votaron a favor de la medida son la ADAI, SIDIUNLAR, ADIUNQ, SIDIU, ADUNSADA, COAD, ADOI, ADIUC, ADUNOBA, SIDIUNT, ADUNTREF, ADUFOR, ADUNA, AGDU, FEDUBA, CODIUNNE, ADUNSE, SUDHUR, AFUDI, ADULP, SIDUNCU, ADIUNGS, ADUNM, ADUM y ADUC. En el plenario, los participantes definieron continuar la lucha gremial con estrategias escalonadas y manifestaron la necesidad de construir una amplia articulación nacional.
La tensión entre gremios universitarios y el Ejecutivo se agravó tras el reciente anuncio de incrementos salariales para el personal docente del sector. La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) rechazó los aumentos dispuestos de forma unilateral, que rondan apenas el 1,3% mensual y se abonarán en su mayoría con retraso. Según el comunicado de la FEDUN, estos incrementos representan: 1,3% para junio, 1,3% para julio, 1,3% para agosto, 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1,1% para noviembre. La entidad advirtió que los pagos de los primeros tres meses llegarán recién junto al salario de agosto, generando una merma mayor en el poder adquisitivo de los trabajadores.
Voceros sindicales calificaron como “insuficientes” los aumentos, tras precisar que el deterioro salarial ya alcanza niveles inéditos. Desde la FEDUN señalaron que “cada mes que pasa, los aumentos salariales siguen quedando por debajo de la suba de precios” y remarcaron que “estos aumentos son muy inferiores a la inflación, por lo que la brutal pérdida salarial que hemos tenido en 2024 continúa profundizándose en 2025”.
En ese marco, el Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Alvarez, se expresó en sus redes sociales con críticas contra la decisión del gremio docente: “El extraño caso de los sindicatos que rechazan aumentos…”.
En paralelo a esta situación, la federación exigió al Congreso un pronto avance de la Ley de Financiamiento Universitario, considerando que permitiría “recuperar todo lo perdido durante el gobierno de Javier Milei”. El conflicto en el sistema universitario trasciende la cuestión salarial: las partidas asignadas para gastos corrientes, becas y programas de investigación también sufrieron recortes y se reportan demoras en su acreditación.