Por iniciativa del diputado nacional Oscar Agost Carreño, esta semana ingresó al Congreso un proyecto de ley bajo la denominación de “Plan de renovación automotor”, que consiste, esencialmente, en una versión actualizada de un “Plan Canje”.
Según establece en los considerandos, las operaciones de compra y venta de automóviles, utilitarios, camiones, chasis con cabina y chasis para ómnibus, carrozados o no, pero que sean de fabricación nacional, que se realicen bajo este régimen especial, podrán acceder a un descuento del 20% sobre el precio de un automotor 0 km, con un límite de hasta $6.000.000 para autos y utilitarios con capacidad de carga menor a 800 kilos.
Para el caso de los utilitarios con mayor capacidad de carga hasta 5.000 kg, el límite sería de $8.000.000 y para colectivos y camiones el tope subirá hasta $15.000.000.
El proyecto de ley concuerda con la idea que existe en algunas áreas del Gobierno, respecto a la necesidad de actualizar el parque automotor, que de acuerdo al último reporte de la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC) es de 14,1 años de antigüedad, y para que el proceso de envejecimiento se detenga, sería necesario vender 1,1 millones de autos cero kilómetro por año. Este año, la proyección de ventas del sector es de 650.000 unidades, lo que deja al mercado todavía un 40% por debajo de ese valor.
De acuerdo con el texto al que accedió Infobae, el programa exige que los propietarios entreguen los vehículos antiguos y obtengan el Certificado de Baja y Desarme, según lo dispone la Ley 25.761, trámite que se realiza ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. A continuación, el vehículo debe ser entregado en un concesionario oficial o un desarmadero habilitado, que interviene el certificado y lo registra en el marco del plan.
El proyecto establece que solo pueden ser dados de baja vehículos con más de doce años y hasta treinta de antigüedad. La autoridad de aplicación definirá las condiciones técnicas y de admisibilidad de las unidades involucradas. Además, el régimen contempla un mecanismo de incentivo para los concesionarios y las terminales automotrices participantes: por cada descuento aplicado, recibirán un bono del 50% de su valor emitido por el Ministerio de Economía, utilizable para el pago de impuestos nacionales ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
El bono, según detalla la iniciativa, podrá transferirse entre terminales automotrices y a proveedores de autopartes, hasta un tope que equivale al 50% del Impuesto al Valor Agregado facturado por el cesionario al cedente durante el mes anterior a la cesión. Cada certificado de baja servirá para la compra de un único vehículo nuevo de la misma categoría que el dado de baja, aunque el usuario podrá optar por una unidad de otra categoría, pero el monto máximo del descuento corresponderá al de la categoría de menor valor.
El texto fija una vigencia de un año para el régimen, con la posibilidad de prorrogarlo por igual período mediante decisión del Poder Ejecutivo. Además, faculta al Ejecutivo a establecer la autoridad de aplicación y a reglamentar los aspectos necesarios para poner en marcha y supervisar la iniciativa.
En diálogo con Infobae, el legislador que presentó el proyecto remarcó: “Vengo presentando hacía días proyectos de ley sobre plan canje de maquinaria agrícola, de autos y camiones. Estimo que el promedio de antigüedad del parque automotor argentino es de 14 años, lo que es un problema para la seguridad vial y el medio ambiente. En los proyectos tuve en cuenta la experiencia de los 90s y por supuesto es una herramienta útil para mover la economía la economía a gran escala”.
Respecto de los estudios que, tal como publicó días atrás este medio, el Gobierno está encarando en el mismo sentido, Agost Carreño afirmó que no tuvo conversaciones con las autoridades sobre este tema. “Ví por la prensa que trabajarían en una iniciativa similar, lo que permitirá discutir los distintos proyectos para que el Congreso apruebe rápidamente una ley sobre el tema”, aclaró.