El Gobierno reforzó los recortes a la obra pública y a las transferencias a provincias para compensar el mayor gasto en subsidios. En junio, las erogaciones crecieron 3,7% anual, mientras que los fondos destinados a subvenciones escalaron 71%, según un informe privado.
La decisión de Economía responde a la necesidad de sostener el equilibrio fiscal en un contexto de aumento de gastos sociales. Las transferencias a gobernadores y la inversión en infraestructura ya estaban en niveles históricamente bajos.
El ajuste genera tensión con las provincias, que reclaman mayor apoyo financiero para enfrentar la crisis. La obra pública, en tanto, se convierte en una de las principales víctimas de la política de recortes.
El debate sobre el modelo de ajuste se intensifica, con críticas de la oposición y advertencias de especialistas sobre el impacto en el desarrollo y la cohesión territorial.
