El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió el procesamiento de ex directivos de Radio y Televisión Argentina (RTA) y de una escenógrafa por los delitos de “defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública” por el retiro en efectivo de más de 11,4 millones de pesos para gastos de una serie de ficción sobre el prócer Manuel Belgrano.
El fiscal le pidió al juez Luis Rodríguez los procesamientos de Alejandro De la Torre, director adjunto de Administración, Finanzas y Relaciones Comerciales; Claudio Lamalfa, tesorero; Guillermo Siaira, director de Administración, Finanzas y , Relaciones Comerciales; Ernesto Molinero, gerente de Producción, y Ariel Berliner, subgerente, además de la escenógrafa Adriana Maestri.
Según el fiscal, todos ellos incurrieron en delitos en el proceso de “la puesta en marcha de la producción interna ‘Los amores prohibidos de Belgrano’”.
La imputación de Pollicita excluye a la titular de RTA, la periodista Rosario Lufrano; a su ex número dos, Eliseo Álvarez y al directorio de la empresa pública.
El dictamen del fiscal, de más de un centenar de páginas, explica que fueron los directivos de RTA quienes alertaron sobre la irregularidad detectada a través de una investigación interna.
Los imputados actuaron, según la acusación, “violando sus deberes y abusando de la confianza que les había sido depositada como funcionarios jerárquicos de RTA SE”.
Ello, “mediante la extracción en efectivo de sumas de dinero de la cuenta bancaria de la sociedad y su posterior utilización, eludiendo los pertinentes mecanismos de control y la normativa que reglamenta el accionar hacia dentro de la misma”, subrayó el fiscal.
“Perjudicaron a las arcas públicas asignadas a RTA, en un claro beneficio propio y de terceras personas; motivo por el cual se solicitará que decreten sus procesamientos”, insistió.
Para Pollicita, “la conducta desplegada por los funcionarios públicos acusados y por la proveedora beneficiada -Adriana Maestri- con el otorgamiento de una millonaria suma de dinero, no solo puede ser subsumida típicamente en el delito de fraude contra la administración pública, sino que también pueden ser encuadrada en el tipo penal de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
“La conducta desarrollada por los nombrados –añade el documento- estuvo orientada a procurarse el manejo de dinero en efectivo por fuera de los límites previsto para este tipo de operaciones en el ámbito estatal, con miras a disponer arbitrariamente del mismo”.
