El oficialismo y la oposición de la Asociación de Magistrados (AMFJN) y la de Fiscales (AFFUN) se unieron para rechazar el proyecto de reforma de las jubilaciones de privilegio para jueces y fiscales que presentó el gobierno. Desde ambas entidades aseguran que la iniciativa va en contra de fallos de la Corte Suprema.
Desde ambas asociaciones expresaron su “sorpresa” en un comunicado donde aseguran que “el proyecto del Poder Ejecutivo se aparta de principios de raíz constitucional que fueran reconocidos por la Corte Suprema”.
Con el actual sistema, en algunos casos, magistrados y fiscales llegan a recibir hasta 330 mil pesos de jubilación, casi 20 veces el haber mínimo. El proyecto del gobierno propone aumentar la edad jubilatoria cinco años y además llevar el aporte del 12% al 19%. Además busca llevar la jubilación a un 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones.
El texto fue presentado en un auditorio y estuvieron presentes los representantes de todas las corrientes políticas de la Asociación de Magistrados. Además del presidente Marcelo Gallo Tagle, participaron los tres representantes de los Jueces ante el Consejo de la Magistratura de la Nación: Alberto Lugones (presidente), Ricardo Recondo (vicepresidente) y Juan Manuel Culotta.
Lugones está más cerca del peronismo, mientras que Recondo y Culotta trabaron buenos vínculos con Cambiemos. Sin embargo, las posibles modificaciones al régimen jubilatorio de fiscales y jueces motivaron una respuesta conjunta.
Jueces y Fiscales hacen referencia a un fallo emitido por la Corte de 2001 denominado “Gaibisso, César y otros c/Estado Nacional” donde se declara la “intangibilidad de la remuneración de los jueces”.
Si bien reconocen “la difícil y delicada situación económica que atraviesa el país, y que demanda especial cuidado en la gestión de las cuentas públicas”, AMFJN y AFFUN se expresaron en contra de la iniciativa.
En una cita al fallo de 2001, explican que la intangibilidad “ha sido establecida no por razón de la persona de los magistrados, sino en mira a la institución del Poder Judicial de la Nación, a la que los constituyentes han querido liberar de toda presión por parte de los otros poderes, para preservar su absoluta independencia”.
En el texto aseguran que, de avanzar, el proyecto traería “graves efectos” para “el normal desempeño del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, y por ende el perjuicio a la sociedad”. Por eso reclaman “la participación de las Instituciones representativas en la discusión del Proyecto, y la necesaria intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de todos los órganos cabeza de poder involucrados”.