La vigencia -o no- de la ley que impide la reelección indefinida de intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares es por estas horas el tema excluyente en la política bonaerense.
No hay tema en estos días que esté por encima de esa preocupación. Aunque, claro, esto ocurre de manera completamente subterránea y alejada de cámaras o micrófonos. Todos saben que plantear el tema de manera explícita generará un fuerte repudio, desde todos los sectores.
Son nada menos que 85 los intendentes que tendrán vedada su posibilidad de buscar la reelección en 2023 y la preocupación crece tanto en el peronismo como en Cambiemos.
En la oposición los afectados son Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Julio Garro (La Plata), el radical Gustavo Posse (San Isidro).
En el peronismo también hay varios distritos importantes: Alejandro Granados (Ezeiza), Mario Ishii (José C. Paz), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Ariel Sujarchuk (Escobar), Fernando Gray (Esteban Echeverria), Juan Zabaleta (Hurlingham), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Julio Zamora (Tigre). También kirchneristas puros como Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada) entre otros.
Las concecuencias a la ley la sufren por igual intendentes kirchneristas, peronistas, macristas y radicales. Ninguno cuenta con sucesores netos y se sabe que contar con aliados es la quimera de todo líder político de la provincia. Algo poco práctico en los hechos.
En superficie todos niegan que la ley sea una procupación, pero en conversaciones reservadas el problema escala en todos los frentes políticos.
La semana pasada se adelantó que había acuerdos entre Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y María Eugenia Vidal para mantener la vigencia de la ley que pone un freno a las reelecciones indefinidas.
Tras ese artículo hubo varias repercusiones en distintos medios, pero el mayor ruido en los intendentes lo generó una declaración del gobierno que cita el diario El Día. “No vemos que se vaya a abrir este año un debate en la Legislatura por este tema. No es la prioridad”, asegura una fuente de La Plata no identificada.
Se estima que lo que se viene será una lluvia de amparos en la Justicia. La idea es propiciar ese mecanismo judicial para que sean los jueces de la Suprema Corte quienes terminen resolviendo el conflicto y así, la política no pagará el costo. Lo que aún no se resuelve es quién presentará esos recursos. Deberán aparecer héroes que avancen en la primera línea.
La estrategia judicial buscará que los jueces declaren inconstitucional la ley impulsada por Massa y Vidal.
Allí es donde los intendentes ven una rendija para accionar: la ley 14.836 fue sancionada en 2016 pero toma como primer período de gestión a los arrancados en 2015. Esa aplicación retroactiva puede ser la excusa para que los jueces accionen contra la norma.
Incluso, algunas versiones sostienen que un fallo de los jueces podría apuntar a que se cuente como primer período a los intendentes que arrancaron en 2019, es decir tras la aprobación de la norma. “Se ganarían 4 años más”, aseugra un alcalde peronista a Clarín. La solución “judicial” sería que se cuente al de 2019 como el primer mandato. Y entonces todos podrían buscar la reelección en 2021 y 2023.
Pero además, sucede que la ley en realidad comenzará a impactar en los comicios del año que viene. Es que hay consejeros escolares, concejales y legisladores -todos los que fueron electos en 2013 o antes- que no podrán buscar un nuevo mandato.
Por eso, la preocupación escala en las mesas del poder bonaerense en donde piensan y repiensan estrategias para que la ley caiga.