El gobierno nacional resolvió que “en los procesos de compra que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco del Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios, establecido por la Decisión Administrativa N°409/20, no podrá en ningún caso abonarse montos superiores a los Precios Máximos establecidos”
La decisión, adoptada en una Resolución dictada por la jefatura de Gabinete de Ministros con la firma de su titular, Santiago Cafiero; y del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; entró en vigencia a partir de su inmediata publicación en el Boletín Oficial.
“Establécese que en los procesos de compra que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco del Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios, establecido por la Decisión Administrativa N°409/20, no podrá en ningún caso abonarse montos superiores a los Precios Máximos establecidos por la Resolución” de la Secretaría de Comercio, dice la resolución.
También se instruye a “los titulares de los ministerios y de los organismos descentralizados a realizar, en aquellos procesos que no se encontraren concluidos, las diligencias necesarias para que se respeten, en todos los casos, los precios máximos establecidos”.
El artículo 2do dispone que la Resolución se aplicará “a los procesos de compra” que se encuentren “en curso y que a la fecha de vigencia de la presente no hubieran sido adjudicados”.
La disposición también tendrá alcance en los procesos de compra “en los que se hubiere realizado el acto de adjudicación y hubiera obligaciones de pago pendientes de cumplimiento” y aclara que “en todos los casos, se procederá a pagar exclusivamente hasta el monto correspondiente a la aplicación de la mencionada Resolución, respetando los precios máximos allí previstos”.
En los fundamentos, la Resolución recordó que “en razón de las necesidades sanitarias para contener y mitigar la epidemia” de coronavirus, la Secretaría de Comercio Interior fijó los precios máximos “al advertir la verificación de aumentos generalizados en el precio de venta de productos, tanto de alimentos para la población, así como también de productos de higiene y cuidado personal”
“Dichos aumentos, por parte de empresas de diversa capacidad económica, resultaban irrazonables y no se correspondían con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción”, destacó en ese sentido la disposición.
Asimismo advirtió que “al dictarse la referida resolución se señaló que este aumento general de precios afecta especialmente el bienestar general de la población al proyectarse en el marco de la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria dispuesta en el Decreto N° 260/20”.
La Resolución recordó, además, que la Secretaría de Comercio “dispuso por el término de 30 días corridos desde su entrada en vigencia, la fijación de precios máximos de venta al consumidor de bienes de consumo general, a los valores vigentes al día 6 de marzo del presente año, autorizando su prórroga en caso de persistir las circunstancias de excepción que la motivaron”.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, le exigió hoy la renuncia al secretario de Articulación de Políticas Sociales, Gonzalo Calvo, luego que se conoció que fue esa dependencia la que autorizó compras de azúcar y aceite a valores por encima de los “precios testigo” fijados por la Sigen, se informó oficialmente.
Además, se abrió una investigación interna sobre el proceso de compra de partidas de aceite y azúcar que serán repartidas entre comedores y merenderos de las zonas más vulnerables del país.
Ayer, el Ministerio de Desarrollo Social admitió haber ordenado compras de azúcar y aceite a precios más altos que los estipulados como “precios testigos”, una decisión que recibió públicos cuestionamientos.
Pero explicó que “en ningún rubro se compró a una sola empresa” porque se realizó una licitación para satisfacer la mayor demanda en los comedores, donde aumentó de 8 a 11 millones la cantidad de personas que necesitan asistencia alimentaria en las últimas semanas, en el marco del aislamiento obligatorio decretado por la pandemia de coronavirus.
Anoche, en una entrevista con el canal de cable TN, el presidente Alberto Fernández aseguró que creía en la “honestidad” de Arroyo y apuntó contra la “cartelización de ciertos sectores” que imponen precios ante la emergencia, para “llenarse los bolsillos”.
El Presidente dijo que la investigación del caso estaba abierta y advirtió que no permitirá que el Estado compre alimentos a valores por encima de los precios de referencia, algo que refleja la resolución que publica hoy el Boletín Oficial en su suplemento.