El equipo legal del Estado, liderado por la Procuración del Tesoro bajo Santiago Castro Videla, presentó un documento ante la Corte del Segundo Circuito para argumentar por qué la orden de la jueza Preska (que exige la entrega del 51 % de YPF para saldar una condena de USD 16 000 millones) debería quedar suspendida de forma definitiva y sin exigir garantías financieras.
Los principales argumentos expuestos incluyen:
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Violación de inmunidad soberana: la orden de entrega contraviene la “Foreign Sovereign Immunities Act” de EE.UU. al pretender agraviar bienes estatales que no participan en actividades comerciales.
- Principio de cortesía internacional (comity): obligar a transferir control de YPF sin respetar las leyes argentinas (que requieren autorización del Congreso) atenta contra la cooperación judicial internacional.
- Daño irreparable: una transferencia forzada sería “irreversible”, incluso si Argentina gana la apelación, por lo que la Corte debería mantener la suspensión.
Como respaldo externo, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó un amicus curiae apoyando la suspensión del fallo, señalando que su ejecución podría afectar la inmunidad de otros países y provocar impactos diplomáticos graves
En los últimos días, además, los fondos Burford y Eton Capital informaron que no buscan retener YPF en caso de que Argentina gane la apelación, aunque podrían aceptar garantías alternativas en lugar de la entrega directa de acciones
La Corte de Apelaciones –que ya congeló provisionalmente la ejecución del fallo– decidirá si extiende la suspensión total sin requisitos, exige una garantía distinta o devuelve el expediente a la jueza de primera instancia. Se espera un fallo en los próximos días. Si la defensa fracasa, Argentina recurrirá directamente a la Corte Suprema de EE.UU