En dos años, el Gobierno logró reducir un 20% la dotación de personal en las empresas públicas, pasando de 92.000 empleados a 72.000, según datos oficiales. La mayoría de los recortes se concentraron en el ferrocarril y el correo, con retiros voluntarios como principal mecanismo.
La política de privatizaciones avanza en paralelo a la búsqueda de eficiencia en las compañías estatales. Pese a la reducción de personal, las empresas sujetas a venta mantuvieron el superávit en el inicio del año, lo que el Ejecutivo interpreta como una señal positiva.
El proceso genera debate en torno al impacto social y laboral de las medidas. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de achicar el Estado, los sindicatos advierten sobre la pérdida de puestos de trabajo y la precarización.
La discusión sobre las privatizaciones se instala como uno de los ejes centrales de la agenda económica, con consecuencias directas en la estructura del sector público y en la relación con los trabajadores.