El Gobierno oficializó, a través del Decreto 467/2026, los nuevos requisitos para la designación de jueces de la Corte Suprema. La medida acorta los trámites para cubrir vacantes y elimina la recomendación de contemplar el género, la especialidad y el origen geográfico de los candidatos.
La decisión busca agilizar el proceso de selección y dar mayor margen de maniobra al Ejecutivo en la definición de los perfiles. Sin embargo, la eliminación de criterios de diversidad generó críticas en sectores que consideran que se retrocede en materia de representatividad.
El debate sobre la Corte Suprema se da en un contexto de alta tensión institucional, donde la independencia judicial y la transparencia en las designaciones son temas sensibles.
La medida abre un nuevo frente de discusión en el Congreso y en la sociedad, con implicancias directas en el equilibrio de poderes y en la legitimidad del máximo tribunal.