El fiscal Gerardo Pollicita amplió la investigación sobre Manuel Adorni y pidió revisar todos sus ingresos desde 2002. Entre las medidas de prueba figura la sucesión del departamento que su padre dejó con una hipoteca de 23 mil dólares, así como las operaciones de blockchain realizadas en Argentina en ese período.
La polémica herencia se suma a las dudas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, que enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito. La Justicia busca determinar si las explicaciones ofrecidas por Adorni alcanzan para justificar el crecimiento de sus bienes.
El caso se convirtió en un eje de tensión política, con la oposición presionando para que se avance en el Senado con la interpelación y la moción de censura. El oficialismo, en tanto, intenta contener el impacto y evitar que el escándalo erosione aún más la gestión.
La investigación promete extenderse en el tiempo y mantener en vilo al Gobierno, que ve cómo uno de sus principales funcionarios queda cada vez más comprometido.