El decreto de Javier Milei que limita la participación ciudadana en la elección de jueces generó un fuerte rechazo. Un constitucionalista pidió a la Justicia que lo declare inconstitucional, mientras organizaciones como Poder Ciudadano y colegios de abogados lo calificaron como un retroceso.
La medida elimina instancias de consulta y participación que habían sido incorporadas en procesos anteriores, lo que para los críticos afecta la transparencia y la pluralidad en la selección de magistrados.
El Gobierno defiende el decreto como una forma de agilizar los trámites y garantizar mayor eficiencia en las designaciones. Sin embargo, la polémica se instaló en el debate público y amenaza con convertirse en un nuevo frente de conflicto institucional.
La discusión sobre la Corte Suprema y la independencia judicial se intensifica, en un contexto donde la confianza en las instituciones atraviesa un momento delicado.