La Corte Suprema imprimió mayor velocidad al expediente que analiza la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras impulsada mediante el DNU 70/23. El máximo tribunal redujo a 24 horas el plazo para formalizar la integración con los conjueces que participarán en la causa.
La presentación judicial fue promovida por organizaciones ambientalistas, comunidades indígenas y sectores políticos que cuestionan la eliminación de las restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
El caso adquirió una fuerte dimensión política luego de que distintos sectores denunciaran que la medida podría facilitar procesos de extranjerización en zonas consideradas estratégicas para el desarrollo nacional.
La próxima resolución judicial podría convertirse en uno de los pronunciamientos institucionales más importantes del año, con impacto directo sobre la política de inversiones y propiedad rural impulsada por el Gobierno.