El proyecto para la legalización del aborto enviado hoy al Congreso por el presidente Alberto Fernández “tiene que leerse en conjunto” con la otra iniciativa remitida por el Ejecutivo sobre la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, resaltó la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad (MGYD), Elizabeth Gómez Alcorta.
“Los dos proyectos dialogan entre si, se tienen que leer en conjunto, como posición del Estado acompañando a las mujeres y personas gestantes en sus decisiones y proyectos de vida”, dijo a Télam la funcionaria.
El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) “recoge un enorme recorrido de las presentaciones de los proyectos de la Campaña” por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y de “los consensos que se alcanzaron en 2018”, cuando una iniciativa similar obtuvo media sanción en Diputados pero no alcanzó los votos necesarios en el Senado.
“Dialogan porque somos conscientes de que hay una enorme cantidad de abortos inseguros, clandestinos, que oscilan entre 350 mil y 520 mil al año en nuestro país, lo que indica que la la criminalización no cumple el efecto preventivo”.
“Los dos proyectos dialogan entre si, se tienen que leer en conjunto, como posición del Estado acompañando a las mujeres y personas gestantes en sus decisiones y proyectos de vida”
Dijo que la criminalización “pone en riesgo la salud y la integridad física y la vida de las mujeres, sobre todo de aquellas decididas a llevar adelante la interrupción del embarazo que cuentan con menos recursos y las impulsa a hacer la práctica de un modo clandestino e inseguro”, resaltó la ministra.
Gómez Alcorta aseguró que como gobierno “entendemos que hay que acompañar a todas las mujeres que, estando embarazadas, se encuentran en situación de vulnerabilidad. No queremos que ninguna mujer tome una decisión, respecto a una interrupción, en razón de su estado de vulnerabilidad”.
Y añadió: “Por eso, el proyecto de atención y cuidado Integral en salud que está pensado con asignaciones, derechos y ampliaciones de beneficios que ya existían, por ejemplo, y que no alcanzaban a trabajadoras y trabajadores en la informalidad, o en la economía social o popular, en esos casos se extiende la asignación por nacimiento y adopción”.
La ministra también valoró que el proyecto extienda ese beneficio a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la creación de una asignación por cuidado de salud integral prevista para personas que tengan niñas y niños hasta 3 años, cumpliendo con un control sanitario.
También destacó la ampliación de medidas que garanticen el derecho a la identidad como la creación del certificado digital, “asegurando la identidad de recién nacidos y nacidas” y la eliminación del pago de tasas para varios trámites de registración y modificación de plazos para informar desde los registros provinciales al Registro Nacional de las Personas “para aseguramos la mayor registración de niñas y niños y garantizar así un mayor acompañamiento estatal”.
Sobre el proyecto de legalización del aborto, Gómez Alcorta resaltó que “se inscribe en una política de salud pública que tiene como finalidad cuidar la integridad física”.
“Muchas veces los abortos clandestinos traen consecuencias en la capacidad reproductiva futura, se trata de salvar vidas”, apuntó, y recordó que “son más de 3.000 las mujeres muertas por abortos desde la vuelta de la democracia”.
Asimismo, señaló que estudios realizados en los países que han legalización el aborto “demuestran que no aumentan los abortos una vez legalizados. Que exista la ley no hace que más mujeres vayan a abortar, lo que hace es que lo hagan en condiciones seguras, protegiendo su vida”.
“Uruguay, desde que sancionó su ley, bajó a cero la tasa de mortalidad producto de abortos”, afirmó la funcionaria.
Además, señaló que se estiman en 40 mil los egresos hospitalarios producto de abortos inseguros en el país, por lo que la legalización del aborto, práctica que “sabemos que se hace farmacológicamente, de manera ambulatoria, va a desestresar el sistema de salud”.
Sobre la objeción de conciencia prevista en el proyecto oficial explicó que “se trata de una medida personal”.
“La objeción de conciencia debe darse en el ámbito público y privado. No existe la objeción de conciencia institucional”, aclaró.
Y puntualizó que al respeto, la iniciativa oficial incorpora “una nueva figura penal, con penas de 3 meses a 1 año para quien niegue y obstaculice el acceso” al aborto.
“Muchas veces los abortos clandestinos traen consecuencias en la capacidad reproductiva futura, se trata de salvar vidas”
Gómez Alcorta contó que el proyecto “está listo desde marzo”, que fue “un gran trabajo en equipo con personal de la Secretaría Legal y Técnica y de los ministerios de Salud, Desarrollo Social e Interior”.
“Esperamos que sea un debate respetuoso, plural y democrático, para que se ley, como dijo el Presidente”, concluyó.