La Sala 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal definió que el DNU 690/20, que regula precios y establece la Prestación Básica Universal (PBU) en las telecomunicaciones, no se aplique a Telecom por un plazo de seis meses.
Esta medida “trae aparejado cuestiones de injusticia muy grande, los millones de usuarios de una empresa ya no tienen la protección del decreto, no hay para ellos regulación de precios ni prestación básica universal”, afirmó López en declaraciones a Radio Nacional y a Rock and Pop.
“Además, trae un desequilibrio para aquellos que cumplen con la ley, genera no sólo una ruptura en el mercado de las comunicaciones porque hay una empresa no regulada y las demás que están reguladas; rompe el equilibrio de las telecomunicaciones, deja como rehén a los usuarios, que son muchos millones, de la voluntad de una empresa sobre el valor que quiera cobrarles”, señaló.
El último domingo, el Enacom informó en un comunicado que interpondrá un recurso extraordinario ante la Corte con el objeto de revertir la medida cautelar dictada a favor de Telecom.
López dijo este lunes a la mañana que “vamos a ir a la Corte para que revierta esto; no les podemos decir a 2,5 millones de argentinos que trabajan desde su casa que quedan a arbitrio de la empresa, o a los millones de estudiantes que se conectan desde su casa por la pandemia que para estudiar van a tener que tener plata porque sino no se van a poder conectar“.
En este contexto, recordó que “en 4 años de macrismo lo que aumentaron las telecomunicaciones fue brutal, estuvieron 10 puntos arriba de la inflación todos los años y el último año 50 puntos arriba”.
López destacó que “en agosto del año pasado se declaró servicio público a las telecomunicaciones porque toda la educación era virtual, buena parte del trabajo en la Argentina era virtual, completar un formulario para pedir un subsidio era virtual, incluso hoy anotarse para vacunarse es virtual, no podíamos dejar liberados los precios a la decisión de las empresas”.
Así se regulaba el precio, “nadie podía aumentar sin autorización del Enacom y se establecía la prestación básica universal para garantizar el derecho a las comunicaciones”, concluyó el funcionario.