Siley aseguró en su exposición que un sector importante del Poder Judicial “no tiene legitimidad social, está desacreditado y no responde a los intereses del pueblo”.
“El objetivo es preservar la institución de los pésimos funcionarios que tiene la Corte Suprema”, remarcó la legisladora al argumentar a favor del pedido de juicio político contra los cuatros integrantes del tribunal que impulsa el oficialismo.
En el final de su exposición, Siley tuvo un cruce con su colega Mario Negri, el titular del bloque radical que la interrumpía cuando estaba hablando.
Cuando la titular de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, le preguntó a Siley si le concedía una interrupción, la legisladora respondió: “No le concedo la palabra por machirulo. Sigo hablando sobre lo que estaba diciendo”.
En ese momento Siley pedía que la dejen terminar de hablar, había planteado que había escuchado a todos atentamente y agregó: “Hablo como yo quiero, diputado Negri, déjeme terminar la idea y digo lo que quiero”.
Al comenzar su exposición, Siley sostuvo que “se habla mucho de que todos estamos de acuerdo en que el Poder Judicial no tiene legitimidad social, en que está desacreditado y no responde a los intereses del pueblo”.
“¿Por donde creen ustedes que se empieza a cambiar a ese Poder Judicial? Se empieza por la Corte Suprema, si no vamos a empezar por cuestiones decorativas. Por eso, hay que empezar por la conducción del Poder Judicial, que es la instancia mayor revisora que tiene la intendencia del Poder Judicial: es la que baja línea política al interior de la justicia”, observó.
En la misma línea, consideró que es muy bueno que la oposición reconozca que desde la restauración democrática la Corte Suprema que “tuvo mas legitimidad fue la de Néstor Kirchner”, en referencia al proceso de renovación del tribunal que se inició en el año 2003 tras la renuncia de los exministros de la llamada ‘mayoría automática’ de Carlos Menem.
La transformación de la Corte comenzó en el primer año de mandato de Kirchner con la puesta en marcha del decreto 222/03 que estableció el principio de la autolimitación presidencial para restringir las competencias que tenía hasta entonces el titular del Poder Ejecutivo para intervenir en el procedimiento de designación de ministros.
Tras aludir a aquel proceso, Siley advirtió que la acción de la Corte se “fue degradando y tuvo un punto de inflexión cuando dos miembros (por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) aceptaron ser designados por el DNU”, en el primer tramo de la gestión de Mauricio Macri.
En cuanto a los 14 pedidos de juicio político que pesan sobre Rosatti, Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, Siley sostuvo que en la comisión que comenzó a sesionar en la Cámara de Diputados “se debe analizar no solo dos fallos sino sesenta causas”.