La iniciativa se aprobó con un contundente apoyo político, ya que cosechó 214 votos aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Provincias Unidas, el Interbloque Federal, La Libertad Avanza y Avanza la Libertad, mientras que hubo cuatro abstenciones de la izquierda.
La presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, celebró la sanción y afirmó que “contar con una Justicia más justa, más rápida y efectiva contra el flagelo del narcotráfico permitirá una acción eficaz y eficiente para darle mayor seguridad a nuestra sociedad, a los jóvenes y al futuro de nuestra Nación”.
Tras la aprobación, el plenario aprobó y giró en al Senado el proyecto para crear un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos y un sistema cambiario específico para aquellos ciudadanos que cobran hasta un tope de 30 mil dólares anuales.
La iniciativa sumó el respaldo de 111 votos a favor (del Frente de Todos), once votos en contra, del interbloque Federal y los libertarios; y 85 abstenciones, de los integrantes de Juntos por el Cambio; en tanto que se registraron 50 ausencias.
El plenario legislativo además convirtió este martes en ley el proyecto que acepta la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia del Chaco al Estado nacional, para la creación del Parque nacional y Reserva nacional Laguna El Palmar, en una votación que arrojó 190 afirmativos y tres negativos.
En el último tramo de la sesión-que se extendió 11 horas– se convirtió en ley el proyecto de reforma de la Ley de Sangre para incluir la obligación de informar a los donantes respecto del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), creado por la Ley 25.392.
La sesión especial acordada entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se inició a las 11.45 con los homenajes a los soldados caídos en la Guerra de Malvinas y un repudio al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, del cual se cumplieron 47 años.
Luego JxC fracasó en su intento de debatir sobre tablas los proyectos que plantean derogar los DNU que establecieron el canje de los bonos en dólares por nuevos títulos en pesos con vencimiento para 2036 para los organismos públicos.
El planteo fue formulado por el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, quien pidió un apartamiento del reglamento para que se pongan en consideración en el recinto los proyectos que plantean derogar los DNU que pesifican la cartera en dólares de la Anses, pero no consiguió los tres cuartos necesarios para habilitar el debate.
El proyecto de fortalecimiento de la justicia de Santa Fe se comenzó a debatir a las 14, en una sesión que contó con la presencia del gobernador de esa provincia, Omar Perotti.
El debate fue abierto por el diputado del FdT, Roberto Mirabella, quien al defender el dictamen de mayoría señaló que la iniciativa “es una señal política de todo el Congreso Nacional, para unir fuerzas” y “estar todos juntos para combatir un delito como es el narcotráfico y la narcocriminalidad”.
Dijo que la implementación del sistema acusatorio “es un salto cualitativo” para la provincia pues “solo se aplica en Salta y Jujuy y es muy satisfactorio”.
Mirabella explicó detalles del proyecto de su autoría, que crea 27 fiscalías federales (15 en Rosario), nueve defensorías y seis juzgados federales, así como seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales.
Mirabella dijo que el sistema acusatorio permite que “los tiempos procesales se acorten tremendamente:, de 5 a 6 años a un año”, y manifestó que “es un sistema que, además, hace a la calidad del gobierno democrático”.
“Con esta iniciativa creamos 27 cargos de fiscales federales que llevarán adelante las investigaciones, defensores, jueces de garantías, de revisión y de ejecución penal. Es un salto cualitativo gigante para la provincia. La estructura de la justicia federal en Santa Fe no se actualiza desde hace más de 30 años, cuando este delito que hoy enfrentamos, el narcotráfico, no existía”, detalló.
Dijo además que en su distrito se tramita “el 20% de las causas de droga de todo el país” y manifestó que “la violencia urbana tiene niveles inusitados”.
El presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, destacó el acuerdo logrado para aprobar este proyecto ya que se “debe reivindicar el trabajo que hicimos los diputados de Santa Fe para tener ese consenso”.
A diferencia de lo que sucedía hace 20 años “hoy hay más integrantes en las fuerzas de seguridad nacionales, federales, provinciales; pero como el problema se agrava tenemos que cambiar el eje y meternos en el tema que fue nombrado en cinco discursos: el lavado de dinero. Tenemos que hacer mucho allí y no mencionarlo al pasar y nadie se hace cargo”.
Mencionó la iniciativa que presentó junto a Cecilia Moreau y Paula Penacca para controlar las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS).
La diputada santafesina radical Ximena García señaló que “la tasa de homicidio de Rosario cuadriplica la tasa nacional” y dijo que “es por eso que hoy estamos tratando en el Congreso un tema en el que es urgente avanzar, para fortalecer la Justicia Federal de nuestra provincia”.
“Los números no mienten y nos preocupan. En 2021, hubo 358 homicidios en la provincia de Santa Fe; en 2022, 406, y en lo que va de 2023, entre enero y febrero, 85 homicidios. Y solamente en Rosario fueron 57 homicidios, uno por día. Son cifras trágicas“, precisó.
Insistió con que “la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) comprobó que las maniobras de tráfico, comercialización y transporte de drogas y otros delitos vinculados son planificados desde el interior de las cárceles”.
“No entendemos por qué la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, María Laura Garrigós, no toma medidas y no da explicaciones en este Congreso aún cuando fue citada en varias oportunidades”, dijo.
Gabriel Chumpitaz (PRO), celebró el acuerdo entre los bloques, pero alertó que no será suficiente ya que “es una medida de mediano plazo que no alcanza para nada si no sitiamos a la ciudad de Rosario con fuerzas de seguridad federales, si no reformamos el Código Procesal Penal para terminar con la puerta giratoria, si no se construyen pabellones de alto perfil y, sobre todo, si no se termina con la concepción ideológica corrosiva de este gobierno que transforma a los criminales en víctimas”.
El socialista Enrique Estévez afirmó que “hay una Comisión Bicameral que es la encargada de implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal que no está funcionado. El narcotráfico es un delito que pone en jaque a la democracia y no vamos a naturalizarlo”.
Myriam Bregman (FIT) justificó la abstención de los legisladores de izquierda y dijo que “si les importara de verdad lo que pasa en Rosario, no estaríamos discutiendo cargos en un juzgado, estaríamos discutiendo terminar con el negocio del narcotráfico y el movimiento financiero de los capitales que lo originan”.
Luis Di Giácomo, de Juntos por Río Negro, respaldó el proyecto pero alertó que se debe luchar contra el problema de fondo ya que “el narcotráfico es una consecuencia de un problema central que es el consumo, lo que lleva a la dependencia de las drogas, que otorgan ganancias fabulosas”.
Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) pidió que se ponga en marcha el sistema acusatorio y reclamó que “el trámite en el que estamos es en ponernos de acuerdo para poner en marcha la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal”.
Eduardo Toniolli (FdT Santa Fe) dijo que “este es el camino para abordar la violencia urbana que atraviesa nuestra ciudad, y no el turismo de dirigentes políticos porteños que vienen a Rosario, se sacan una foto con cara de preocupados y después se borran”.
Debe conformarse aún la comisión bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal, que aún tiene que nombrar a los senadores que la integrarán, ya que los diputados fueron designados.
Uno de los puntos esenciales del proyecto dice que “quienes sean titulares de las Fiscalías Federales ante los Juzgados, Cámaras y tribunales orales de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario podrán desempeñarse simultáneamente ante los jueces con función de garantía, revisión, de juicio y ejecución del Distrito fiscal correspondiente a su asiento“.