El Gobierno argentino está ultimando los detalles de una reforma migratoria que será implementada mediante decreto en las próximas semanas. Esta iniciativa tiene como objetivo principal restringir los criterios para la obtención de la residencia por parte de extranjeros, facilitar los mecanismos de deportación para aquellos que cometan delitos en el país y establecer un sistema de ciudadanía para quienes realicen inversiones significativas.
Según fuentes oficiales, la reforma incluirá la posibilidad de que extranjeros no residentes deban pagar por el acceso a la salud pública y la educación universitaria. Esta medida ya ha sido implementada en provincias como Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy, donde se ha observado una disminución en la utilización de estos servicios por parte de extranjeros no residentes.
Además, se contempla la creación de una visa especial para aquellos que traigan inversiones al país, con el objetivo de incentivar la llegada de capital extranjero. Por otro lado, se busca endurecer las condiciones de deportación para los extranjeros que delinquen, pudiendo adelantar los plazos y reducir las trabas burocráticas que rigen actualmente.
La reforma también podría incluir restricciones adicionales para la solicitud de estatuto de refugiado y modificar artículos de la Ley de Migraciones 25.871, vigente desde 2004 y modificada por decreto en 2010 durante el gobierno de Cristina Kirchner.
La medida está siendo coordinada por la Secretaría de Legal y Técnica, bajo la dirección de María Ibarzábal, y cuenta con la participación de la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Justicia, Salud y Seguridad Nacional. Se espera que el decreto sea publicado en el corto plazo, una vez finalizada su etapa de revisión técnica.
