El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, presentó un dictamen ante la Corte Suprema de Justicia solicitando que se agrave la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como Vialidad. Casal propuso que la pena se eleve de seis a doce años de prisión, incorporando el delito de asociación ilícita, además de la administración fraudulenta por la cual ya fue condenada.
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, pero la absolvió del cargo de asociación ilícita. Esta sentencia fue confirmada en noviembre de 2024 por la Cámara Federal de Casación Penal.
Casal argumenta que existió una organización criminal destinada a desviar fondos públicos mediante la adjudicación irregular de 51 obras viales en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Además, solicita el decomiso de más de 5.300 millones de pesos como parte de la reparación del daño causado al Estado.
La Corte Suprema ahora debe resolver sobre este dictamen, así como sobre los recursos presentados por la defensa de Fernández de Kirchner, quien busca su absolución. No hay un plazo establecido para la decisión del máximo tribunal, pero se espera que tenga un impacto significativo en el panorama político argentino, especialmente considerando las próximas elecciones legislativas.