El avance del proyecto para aumentar las jubilaciones y restituir la moratoria previsional generó alarma en el oficialismo. Aunque aún resta su debate en el Senado, en La Libertad Avanza reconocen que el resultado de la votación en Diputados dejó al descubierto una fractura en la coordinación con algunos gobernadores, incluso aquellos que integran el bloque dialoguista.
El presidente Javier Milei ya anticipó que vetará la norma si es aprobada, argumentando que el Estado no tiene recursos para financiar los nuevos aumentos. La Casa Rosada estima que la iniciativa podría implicar un costo fiscal equivalente al 0,7% del PBI para 2025. En esa línea, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también fue tajante al señalar que el equilibrio fiscal es “innegociable”.
Sin embargo, la preocupación se concentra en el comportamiento de un grupo de mandatarios provinciales que, pese a su vínculo con el oficialismo, no actuaron con firmeza para frenar el proyecto en la Cámara baja. Desde el entorno presidencial aseguran que esperaban una intervención más decidida de estos líderes para evitar una derrota parlamentaria que consideran “políticamente costosa”.
El malestar también se extiende a los bloques aliados de LLA en Diputados, donde algunas bancas que responden a gobernadores se inclinaron por acompañar la propuesta opositora. En Balcarce 50 interpretan esta actitud como una señal de advertencia en el marco de las negociaciones por la Ley Bases y el paquete fiscal, aún pendientes de tratamiento en el Congreso.
La norma en cuestión propone una fórmula de actualización más beneficiosa para los haberes, eleva el bono previsional y restituye la posibilidad de acceder a una jubilación a quienes no reúnen los años de aportes requeridos. Si bien el Gobierno sostiene que el impacto es insostenible, desde la oposición remarcan que hay mecanismos de financiamiento incluidos en el texto.
En caso de avanzar en el Senado, el presidente Milei reiteró que ejercerá su facultad de veto. No obstante, el antecedente de septiembre pasado —cuando el Congreso intentó revertir otro veto presidencial sin éxito— sirve de referencia para el Ejecutivo, que apuesta a mantener firme su línea fiscal aun a riesgo de profundizar la tensión con sectores del sistema político.