La Fiscalía federal, representada por Diego Luciani y Sergio Mola, apeló hoy la decisión que habilitó el arresto domiciliario de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa “Vialidad”. En su escrito dirigido a la Cámara Federal de Casación Penal, solicitaron que la ex mandataria cumpla la pena de seis años de prisión en un establecimiento carcelario, argumentando que “jamás existieron motivos reales” para apartarse de las reglas que rigen el cumplimiento de penas en una unidad penitenciaria.
Los fiscales también sugirieron que, de mantenerse el régimen domiciliario, sea trasladada a una residencia distinta a la ubicada en San José 1111, debido a los problemas ocasionados en el vecindario y a las preocupaciones sobre la seguridad de la propia Kirchner, que fue víctima de un intento de homicidio en 2022.
Además, Luciani y Mola cuestionaron el criterio de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 —quienes habían otorgado la detención en domicilio alegando razones humanitarias y de seguridad por su edad—. Los fiscales sostienen que no hay impedimento legal ni sanitario para que la ex presidenta cumpla su condena en una cárcel. También insistieron en que este privilegio no se justificó y contraviene el principio de igualdad ante la ley.
En su exposición, plantearon además que Cristina Kirchner recibió un trato diferenciado respecto a los otros ocho condenados en la causa, quienes se presentaron en Comodoro Py y fueron alojados en unidades carcelarias. En ese sentido, afirmaron que su arresto domiciliario representa una excepción injustificada.
El destino de esta apelación dependerá ahora de la resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Si la Corte falla a favor de la Fiscalía, la detención podría modificarse: se espera que Kirchner sea trasladada próximamente a una cárcel común o que su régimen domiciliario cambie de dirección.
