El Observatorio de la Deuda Social de la UCA reveló que en 2024, el 35,5 % de los niños, niñas y adolescentes en Argentina padeció inseguridad alimentaria y el 16,5 % la sufrió de forma severa. Esto representa cerca de 4,3 millones de menores cuya alimentación cotidiana está en riesgo, lo que podría afectar su crecimiento y desarrollo cognitivo.
La tendencia ha sido persistente desde 2010, con repuntes en 2018, 2020 y 2024, y refleja un deterioro creciente en la calidad de vida de los niños . Este fenómeno está directamente vinculado a factores estructurales como la pobreza, la informalidad laboral y el desempleo, que colocan a familias completas en situaciones vulnerables.
El informe, elaborado por Ianina Tuñón y Valentina González Sisto, destaca que los hogares más afectados son los encabezados por personas con empleos precarios, familias monoparentales y núcleos numerosos. En particular, reside entre los sectores de mayores riesgos alimentarios.
La inseguridad alimentaria en la infancia tiene consecuencias profundas: la OMS advierte que la mala nutrición en los primeros años puede perjudicar la memoria, el aprendizaje y la salud física a largo plazo, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas. Además, el estudio señala que más de la mitad de los menores experimentaron inseguridad alimentaria en al menos un año del periodo 2022–2024, y el 14,8 % la vivió de forma crónica.
También se observan fuertes disparidades regionales: el AMBA registró niveles altos desde 2017, aunque en 2024 la brecha se redujo ante el incremento en el interior del país. Asimismo, se subraya la relación estrecha entre la permanencia escolar y la seguridad alimentaria. La estabilidad educativa funciona como elemento protector frente a la desnutrición .
El estudio aboga por políticas públicas integrales que no solo mitiguen la emergencia alimentaria —como las transferencias sociales y comedores escolares—, sino que aborden las causas: empleo formal, inclusión laboral y sistemas de protección con alcance federal.
Entre las recomendaciones, se destaca el fortalecimiento de la autoproducción de alimentos en ámbitos urbanos y rurales, y el refuerzo del rol de las escuelas como espacios de soporte nutricional para consolidar una respuesta estructural frente a esta crisis.