El Gobierno nacional reabrió este lunes las sesiones del Consejo de Mayo, tras su primera reunión inaugural del 24 de junio. El encuentro se llevó a cabo en la Casa Rosada, encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y contó con la presencia de representantes oficiales como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, junto a autoridades provinciales, sindicales y empresarias.
Uno de los participantes destacados fue el secretario de Trabajo, Julio Cordero, cuya presencia adelantó que la reforma laboral será uno de los temas principales del debate. Fuentes del sector empresario y sindical señalaron que se estudiarán “modernizaciones laborales”, aunque sin apresurarse a aprobar medidas directas. También está prevista la discusión de la reforma tributaria.
En declaraciones posteriores a la reunión, el representante gremial de la UOCRA, Gerardo Martínez, expresó que cualquier reforma debe surgir de un consenso, en consenso con la CGT, y aclaró que los convenios colectivos actuales no estarían “desfasados”, por lo que no deberían ser eliminados. Desde el sector empresarial, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, también participó, reforzando el propósito de explorar ajustes que reduzcan los costos productivos sin afectar la protección laboral.
Por su parte, Sturzenegger estuvo acompañado por la abogada laborista Agustina García De Cecco, y el Consejo fijó una nueva sesión para el 20 de agosto, con el objetivo de alcanzar un documento final antes del 15 de diciembre, que sirva como base para las reformas proyectadas en una segunda etapa del mandato de Milei, abarcando laboral y tributaria.
El Pacto de Mayo, firmado el 9 de julio de 2024, estableció diez pilares para reformar, entre ellos el equilibrio fiscal, la tributación y el mercado laboral. Este Consejo multisectorial fue diseñado para articular la letra fina de esos lineamientos y servir como antesala de una discusión legislativa más amplia.
Según fuentes oficiales, la prioridad actual recae en las reformas laboral y tributaria para 2026. Las reformas previsional y de coparticipación están previstas para fases posteriores y requerirían mayor consenso legislativo y federal, lo que las ubica en una segunda etapa.