El Gobierno está hoy ante una de las negociaciones más complicadas de su gestión: sacar adelante un Presupuesto nacional en un contexto marcado por la desconfianza de los gobernadores provinciales y la propia debilidad institucional. Este escenario adverso obliga al oficialismo a hacer maniobras diplomáticas internas y a contemplar concesiones que hasta hace poco se descartaban.
Por un lado, varios mandatarios provinciales cuestionan la falta de trasparencia y sienten que las promesas de distribución federal no se traducen en hechos. En especial, critican que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) sean vetados o retenidos, lo que genera crecientes tensiones con el Ejecutivo. La relación Nación-provincias está en un punto sensible: el veto a leyes consensuadas, los recortes presupuestarios y la demora en girar fondos oficialmente comprometidos alimentan un clima de recelo y resistencia.
Por otro lado, el Gobierno arrastra un deterioro político reciente: derrotas legislativas, derrotas electorales incluso en distritos tradicionales, críticas por audios polémicos y cuestionamientos sobre la gestión económica. Esa acumulación le resta margen para imponer unilateralmente su versión del Presupuesto. En ese contexto, la insistencia libertaria con mantener el “equilibrio fiscal” y el superávit se enfrenta a la realidad de que muchas partidas están totalmente desactualizadas frente a la inflación.
La negociación comenzará formalmente esta semana, cuando se ponga en marcha el debate en comisión en el Congreso. Allí, los gobernadores exigen no solo participación, sino previsibilidad: quieren que el Presupuesto contemple rubros reales, actualizados, y que las transferencias sean automáticas, sin posibilidad de que el Ejecutivo las postergue o vetee a su capricho.
El desafío para el Ejecutivo será, por tanto, compatibilizar el rigor fiscal con las demandas provinciales, mostrar capacidad de consenso y evitar que la negociación se convierta en otra derrota política. Si los gobernadores sienten que el Presupuesto no les garantiza fondos reales y lesiona el federalismo, podrían endurecer posiciones: votar en bloque contra leyes, obstaculizar sanciones, o incluso convertir la cuestión presupuestaria en un tema electoral.
En suma, el Presupuesto 2026 se ha transformado no solo en un instrumento de política económica, sino en una prueba tangible de cuánto poder real tiene el Gobierno para equilibrar su discurso con la necesidad de acuerdos estratégicos internos. Las decisiones que se tomen esta semana definirán si cambia el ánimo político o si la debilidad oficial crece aún más.
