Una denuncia de Patricia Bullrich y Laura Alonso contra el kirchnerismo por espionaje destapó una red de escuchas ilegales del PRO a los jueces federales y de la Corte Suprema.
En noviembre de 2015, las entonces diputadas nacionales por la Ciudad de Buenos Aires Laura Alonso y Patricia Bullrich recibieron una lista de más de 100 nombres de personas que eran espiadas telefónicamente, en teoría, por el gobierno de Cristina Kirchner. Los autores de ese documento eran dos agentes de la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE), y las legisladoras confiaron y denunciaron.
La denuncia cayó por sorteo en manos del juez federal Sebastián Casanello, quien designó a un grupo de peritos de oficio formado por técnicos de cibercrimen de la entonces Policía Metropolitana y tres ingenieros de la Universidad Técnica Nacional (UTN), entre los que se encontraba Ariel Garbarz, para ahondar en la investigación.
La punta de los agentes de la ex SIDE prosperó, pero los detalles denunciados por Bullrich y Alonso no eran del todo precisos. “Detectamos que había teléfonos intervenidos, pero no como decían Bullrich y Alonso, que decían que se estaban espiando desde las antenas de Tecnópolis“, explicó Garbarz a minutouno.com.
Corrían los últimos dos meses de la segunda presidencia de Cristina Kirchner cuando Garbarz y el resto del grupo designado por Casanello se dedicó a detectar y bloquear las intercepciones a jueces y funcionarios públicos con un software denominado DBA.
“Cuando detectamos el espionaje también detectamos el modelo y la marca del equipo que se estaba utilizando, que era un equipo norteamericano de gran capacidad que trabaja a través de la red telefónica de fibra óptica, y no a través de sistema de antenas, como Bullrich y Alonso denunciaron”, sintetizó Garbarz, quien es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones.
El trabajo del grupo no pasó desapercibido, según Garbarz, al punto de que Bullrich y Alonso -ya convertidas en funcionarias de Cambiemos- se presentaron en el despacho de Casanello y días después el magistrado se declaró incompetente en la materia y la causa pasó al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.
El siguiente escollo de los especialistas de la UTN fue la desfinanciación que sufrieron por parte del Ministerio de Comunicaciones, ya en manos de Oscar Aguad. “Ahí es donde empieza a caerse la causa porque nosotros dejamos de hacer el trabajo de detección de intercepciones y de bloqueo“, señaló Garbarz.
Por algún giro de la historia la causa mutó en las sombras durante cuatro años y salió a la luz de nuevo en los últimos días con 21 jueces federales y los ministros de la Corte Suprema como blancos.
En esta oportunidad, también se hizo foco en las salidas e ingresos al país, con lo que los datos de Migraciones quedaron al descubierto.
Los funcionarios del macrismo se contactaron con los 21 aludidos para ofrecer su solidaridad, como en el caso del ministro de Justicia, Germán Garavano, o para dar explicaciones del estilo de que para consultar el sistema de Migraciones se ingresa con una clave a la cual tiene acceso mucha gente, por lo que el espía podría haber sido cualquiera.
Para Garbarz se trata de una maniobra de los funcionarios del macrismo con vistas a la vida después del 10 de diciembre, porque la red de espionaje existió todo este tiempo pero sin que se le diera mayor relevancia o los fondos para detenerla.
“Justo en período electoral sacan a relucir el tema de las intercepciones en forma mafiosa. Lo hicieron en el 2015 y ahora lo hacen, y en ambos casos lo dan a conocer como mensaje de extorsión por elevación para que sepan que la inteligencia macrista va a seguir en funciones después del 10 de diciembre“, sentenció.
La denuncia de Bullrich y Alonso, entonces, fue “una maniobra armada” contra el gobierno de Cristina Kirchner porque “durante los cuatro años de la gestión de Macri no tuvieron ningún inconveniente en seguir utilizando este sistema“, que fue trasladado a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y ahora suma la información de Migraciones.