El gobierno nacional y las provincias firmaron una modificación al Pacto Fiscal de 2017 y acordaron la suspensión por un año de los juicios entablados a la Administración central por la baja de los impuestos a las Ganancias y al IVA aplicada a la canasta básica de alimentos, a la vez que crearon una comisión que analizará el impacto que tendrá esta decisión en las finanzas provinciales.
La modificación suspende además la nueva reducción de los impuestos provinciales -Ingresos Brutos y de Sellos, entren otros-, prevista para el 2020, que se encontraba contemplada en el acuerdo fiscal firmado hace dos años y modificado en el 2018, y se fijan las alícuotas en los valores correspondientes a este año.
El acuerdo, plasmado en una “addenda” al Pacto Fiscal del 2017, fue suscripto por el presidente Alberto Fernández, los gobernadores provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante un encuentro que se realizó en el salón Eva Perón de la Casa Rosada, del que participaron el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
Previamente, los ministros de Economía provinciales estuvieron reunidos con funcionarios nacionales para afinar la letra chica que suspende efectos del Pacto Fiscal de 2017, en la cual, según fuentes cercanas a los mandatarios, se analizaron tres borradores hasta que se consensuó una versión final.