Las medidas habían sido solicitadas por el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, y la fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, luego que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago acreedores.
Según las constancias de la causa, la reticencia de la empresa ante requerimientos del tribunal “imposibilitaban el conocimiento cabal del engrosamiento de sus nuevos pasivos, y arrojaba un manto de duda sobre la sinceridad de lo que venía expresando sobre su real endeudamiento”.
Para decidir las medidas “hasta que concluya el procedimiento de salvataje”, Cirulli ponderó las dificultades que expuso el coadminitrador judicial para llevar a cabo la tarea encomendada, por falta de datos e información, aunque calculó que -a fines de setiembre de 2019- la composición del pasivo posconcursal era de 191.997.055,52 de pesos.
Las autoridades del Correo Argentino habían responsabilizado al Estado Nacional de haber provocado una situación de cesación de pagos y apropiarse de sus activos.
Los representantes de la empresa habían sostenido que “no les resultaba posible suministrar tal información en razón de que habían sido desposeídos, en el año 2003, de sus registros informáticos y documentación respaldatoria”.
En su fallo de hoy, la jueza cuestionó “el proceder que viene evidenciando Correo Argentino SA en punto a la determinación concreta del pasivo posconcursal, aún bajo la coadministración” y consideró que “resulta esquivo e imprevisible, y sigue arrojando un manto de duda sobre el esperable comportamiento sincero”.
Zannini y Boquín habían coincidido sobre el “vaciamiento” de la empresa con irregularidades con “entidad suficiente” para perjudicar al Estado, principal acreedor del concurso.
En su dictamen previo, Boquín había afirmado que, durante 15 años, el Correo Argentino “perpetró actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa” y que se valió de un “uso abusivo del procedimiento concursal” para defraudar la ley y los derechos de los acreedores”.
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