El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, encabezó este martes, junto a miembros de la oposición, una movilización al Congreso en repudio al proyecto de ley que propone intervenir el Poder Judicial de esa provincia.
La marcha “por la justicia”, difundida en las redes como #10M, contó con el apoyo de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el senador Esteban Bullrich y los diputados Mario Negri, Waldo Wolff y Fernando Iglesias, entre otros.
Sin embargo, no fueron los únicos en la plaza: separados por un cordón policial se ubicaron agrupaciones que se manifestaorn a favor de la liberación de Milagro Sala. Las dos facciones están sobre la avenida Entre Ríos, frente al Congreso, y apenas un cordón policial los separa.
En el marco de la protesta, la ex Ministra de Seguridad afirmó que ella y el resto de los dirigentes de la oposición se sumaron al reclamo para apoyar “a todo el pueblo de Jujuy para que no se avasalle el poder judicial de esa provincia. Es inedito que se quiera intervenir el poder judicial de una provincia para liberar a una persona como Milagro Sala. No hay otro objetivo. Es el único. El único objetivo es que las causas que tiene Sala sean declaradas nulas”.
“Es vergonzoso que este proyecto haya entrada al Senado de la Nación. Es de una gravedad institucional enorme. Que el Presidente deje en claro cuál es su posición. Si está de acuerdo con esto o no. El senador que plantea esto se está tirando contra su pueblo y la justicia”, remató.
El proyecto que se comenzará a debatir hoy en la Cámara alta fue presentado por Snopek. Desde la oposición denuncian que se trata de una “ofensiva contra la Justicia” que tiene como objetivo de fondo la liberación de la dirigente social Milagro Sala, detenida en Jujuy desde 2016.
El senador jujeño señaló días atrás que Morales tiene “la suma del poder público en Jujuy” y agregó: “Vengo planteando la intervención del Poder Judicial en Jujuy hace cuatro años. El fundamento más grave es el quiebre de la voluntad política de varios legisladores”.
El proyecto para intervenir el Poder Judicial provincial establece que el “gobierno nacional designará un interventor federal” por un año (que se puede extender uno más) y declara “en comisión a miembros de la Corte, el Ministerio Público y todos los magistrados de tribunales inferiores”.