En una conferencia de prensa en Casa Rosada y tras haber concluido ayer el período de 60 días estipulado para que los beneficiarios validaran sus datos personales, Tolosa Paz aseguró que su gestión cuenta ahora con “más certezas que dudas” sobre las personas que integran el padrón y garantizó que los esfuerzos estarán destinados “a la población más vulnerable, a los jóvenes, a quienes demostraron gran interés en continuar educándose o formándose laboralmente y a las mujeres”, que constituyen el 67% del total de inscriptos.
“Tenemos muchas más certezas y podemos decir que estas personas no tienen bienes registrables, que no compraron dólares y no presentan incompatibilidades con el Potenciar Trabajo”, afirmó la ministra y aseguró que el resultado del relevamiento está en manos de la justicia, cuando le preguntaron sobre las supuestas incompatibilidades halladas por la AFIP meses atrás, que motivaron una causa judicial en manos del fiscal Guillermo Marijuan.
De hecho, Tolosa Paz recordó que en diciembre pasado se dispuso la baja inmediata y definitiva de 2.243 titulares del Potenciar Trabajo (menos del 0,3% de los destinatarios) por haber adquirido dólares ahorro y consumos en dólares con tarjeta de crédito.
La funcionaria destacó que en estos últimos 60 días 1.210.571 personas validaron su identidad, es decir, el 88,7% de los registrados en el Progresar Trabajo, de los cuales el segmento más grande está conformado por jóvenes de 18 a 29 años (39,1%).
Tolosa Paz marcó como prioridad que esos jóvenes “encuentren una salida a partir de la oferta educativa” o en la continuidad de un “camino de formación laboral”, que establezca “qué quieren y qué saberes y experiencias tienen”, a partir del programa Fomentar y de los centros de articulación de políticas del ministerio, además de un trabajo conjunto con la cartera de Educación, que comanda Jaime Perczyk.
Al evaluar los resultados de la auditoría sobre el Potenciar Trabajo, la ministra consideró que el relevamiento sacó a la luz gran cantidad de información que servirá para “direccionar el esfuerzo del Estado” con mayor precisión.
En este marco, las 154.441 personas (el 11,3% del total) que no validaron su identidad “están sujetas a ser suspendidas” del programa, aunque cobrarán en febrero el 50% del monto correspondiente a enero, mientras se transita una “instancia de reclamo” para atender la situación de los beneficiarios que se hayan visto impedidos de acreditar sus datos.
Apuntó que el “impacto fiscal de suspender 154 mil beneficiarios es de algo “más de 2.500 millones de pesos”, pero remarcó que todavía pueden revertir esa situación quienes hayan tenido “dificultades geográficas” para validar sus datos y, como ejemplo, mencionó a personas que viven en “El Impenetrable Chaqueño o El Sausalito”.
La auditoria mostró que del total de beneficiarios, 1.134.472 personas realizan actividades productivas o comunitarias; 46.471 realizan cursos de capacitación y 29.628 están finalizando estudios formales.
El 60% de ellos no finalizó estudios primarios o secundarios y, de ese grupo de personas con estudios incompletos, el 79,2% quiere “continuar con su trayectoria educativa” y, de ellos, el 56% se manifestó “muy interesado” en emprender ese camino.
También, el relevamiento visibilizó que 1.050.833 de titulares “quieren iniciar o continuar trayectos de formación laboral”, es decir, el 86,8% del total.