A no ser que el Gobierno logre un acuerdo de último minuto que hasta el momento parece difícil de conseguir, la administración de Javier Milei se enfrentará el próximo jueves al tercer paro general contra su gestión, aunque con un impacto menor al que se esperaba al comienzo.
Desde hace algunos meses, la conducción de la CGT, actualmente liderada por Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estaciones de servicio) y Octavio Argüello (Camioneros), endureció su postura hacia la Casa Rosada, con la que venía teniendo hasta entonces una buena relación.
En ese marco, la central obrera convocó, sin previo aviso ni conflicto puntual con el Poder Ejecutivo en el medio, a una medida de fuerza que en realidad será de 36 horas, ya que comenzará al mediodía del 9 de abril, para participar de una nueva marcha por los jubilados frente al Congreso, y seguirá durante todo el 10 de este mismo mes.
Poco después de la convocatoria del paro, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tuvo conversaciones informales con algunos dirigentes gremiales que luego la cúpula cegetista negó, intentando desmentir cualquier diálogo con las autoridades nacionales.
Francos tuvo algunos diálogos informales, sin éxito (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)El funcionario, sin embargo, no solo fracasó en su objetivo de acercar posiciones, sino que desestimó avanzar con cualquier reunión con los sindicalistas, al entender que no habría forma de que se cancele o siquiera postergue el cese de actividades.
Quien sí recibió a un grupo de gremialistas fue el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y logró recientemente atenuar el probable impacto que tendrá el paro general, al anunciar una medida que obligaría a los colectivos a prestar servicios durante la protesta.
El secretario de Trabajo se reunió el 26 de marzo con los representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y con las cámaras empresarias del sector, en el marco de un reclamo salarial.
Al no llegar a un acuerdo, el sindicato anunció un paro propio que se iba a llevar adelante el viernes siguiente a esa reunión, pero finalmente no ocurrió porque el Gobierno dictó la conciliación obligatoria.
Las autoridades esperaron hasta último momento para tomar esa decisión, argumentando que era la Secretaría de Transporte, que encabeza Franco Mogetta, la que debe solicitarlo, a pesar de que eso no es necesario.
De hecho, el jueves 27 de marzo por la tarde, unas horas antes de que iniciara el paro de colectivos, Cordero firmó la conciliación por “un plazo de 15 días”, durante los cuales la UTA no puede tomar ninguna medida de fuerza.
“Esto tiene como objetivo garantizar la prestación del servicio público de transporte y preservar el diálogo entre las partes. De esta manera, se insta a los representantes gremiales y empresariales a retomar las negociaciones en un marco de legalidad y respeto”, explicó a través de un comunicado el Ministerio de Capital Humano.
La pausa en el conflicto estará vigente, entonces, tanto el 9 como el 10 de abril, cuando la CGT lleve adelante su movilización al Congreso y posterior paro general, durante el cual habría colectivos.
De acuerdo con lo que explicó una fuente al tanto de las negociaciones sindicales, en teoría la UTA “podría adherirse de todas formas, ya que se trata de un paro general”, sin embargo, en Balcarce 50 advierten que, “por la debilidad que tiene, es muy probable que no lo hagan”.
De todas formas, las autoridades nacionales no descartaban continuar con las negociaciones esta semana para intentar reencauzar el diálogo con la central obrera que, al menos hasta ahora, parece no ceder en su postura de confrontación.
“Nunca se sabe lo que puede llegar a pasar, pero lo cierto es que no hay un reclamo puntual, convocaron al paro por la presión de algunos sectores, por eso es difícil negociar con alguien que no pide nada puntual”, resumió un funcionario cercano a Francos.