El juez federal Daniel Rafecas resolvió iniciar un juicio oral en ausencia para los 10 acusados del atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. La decisión se tomó a pedido de la Unidad Fiscal AMIA (UFI-AMIA) y corresponde a personas que permanecen prófugas desde 2006, principalmente de nacionalidad iraní o vinculadas a Hezbollah.
La novedosa aplicación de la ley de juicio en ausencia —recientemente aprobada por el Congreso— permitirá avanzar en el caso pese a la imposibilidad de detener a los imputados, que cuentan con alerta roja de Interpol pero no han enfrentado la justicia argentina.
El Gobierno nacional celebró la medida. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sostuvo que “vamos a poder juzgar a los terroristas iraníes y libaneses…”, subrayando que la normativa brindada por la ley fue clave para desbloquear un proceso penal envejecido tras más de tres décadas.
El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, opinó que la medida marca un precedente en la lucha contra la impunidad en delitos de lesa humanidad y terrorismo. Destacó que ahora la Justicia podrá avanzar aunque no exista extradición, cerrando una etapa de estancamiento en la investigación.
El tribunal otorgó un plazo de tres días hábiles para presentar apelaciones. La defensa y algunas querellas ya anunciaron que recurrirán la resolución. Luego, la Cámara Federal deberá evaluar el caso y la Fiscalía solicitará oficialmente el procesamiento de los acusados para avanzar al juicio oral.
Esta resolución se inscribe en una histórica deuda judicial hacia las víctimas del atentado que dejó 85 fallecidos y más de 150 heridos, y responde a un reclamo sostenido por organizaciones de familiares y derechos humanos por una sanción efectiva contra los responsables.