En el marco del litigio internacional por la expropiación de YPF, el Gobierno argentino presentó una apelación formal al fallo de la jueza Loretta Preska, que ordena al Estado transferir el 51 % de las acciones de la petrolera a Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos de demanda de las firmas Petersen y Eton Park. La resolución judicial fija un plazo de 14 días para que esas acciones sean depositadas en un fideicomiso en el banco BNY Mellon, con el objetivo de avanzar en el cobro de una indemnización que supera los 16 mil millones de dólares.
Ante esta situación, el Ejecutivo optó por no entablar negociaciones con Burford mientras continúe abierto el proceso judicial. La estrategia oficial combina la apelación con la solicitud de suspensión del fallo, con el argumento de que la ejecución implicaría un daño institucional irreversible y requeriría aval legislativo.
A pesar de la firmeza discursiva, en distintos niveles del Gobierno se reconoce que, en caso de que la apelación no prospere, la Argentina se verá en la necesidad de buscar un acuerdo que evite una pérdida efectiva del control accionario de YPF. Mientras tanto, el fondo demandante continúa avanzando con pedidos de embargo y medidas de presión judicial en otras jurisdicciones.
El impacto del fallo se reflejó en los mercados: las acciones de YPF registraron una baja en Wall Street, mientras que los títulos de Burford Capital subieron con fuerza en la bolsa de Londres.
La situación también recalentó la discusión política interna. Desde el oficialismo señalan responsabilidades en la gestión anterior, en particular en el proceso de expropiación durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía. En la oposición, en cambio, acusan al gobierno actual de haber debilitado la posición jurídica del Estado en el litigio internacional.
En este contexto, la postura del Gobierno es clara: agotar todas las instancias judiciales antes de habilitar cualquier negociación directa con los demandantes.