En una conferencia de prensa desde Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni informó que la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) revisó las Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral y decidió suspender 110 522 casos otorgados de manera irregular, además de 8 107 por fallecimiento y 10 038 por renuncias voluntarias.
Estas medidas tendrían un impacto económico significativo: según el Ejecutivo, representan un “ahorro estimado” de aproximadamente $35 000 millones por mes para el Estado.
Durante la auditoría, se detectaron irregularidades como la presentación de estudios médicos repetidos con idéntica documentación: por ejemplo, en Tucumán varios casos incluyeron la misma radiografía, ecocardiograma y medición de presión, mientras que en Chaco un mismo estudio fue utilizado para 150 solicitudes distintas.
Adorni advirtió que esta situación no es nueva: entre 2003 y 2015, durante los gobiernos kirchneristas, las pensiones por invalidez laboral se incrementaron de 79 000 a 1 045 000 casos. Durante la presidencia de Macri (2015–2019) ese número bajó a 1 026 000, para luego subir nuevamente hasta 1 222 000 en diciembre de 2023, bajo la administración de Alberto Fernández.
El vocero también cuestionó el volumen de beneficios en un país “sin guerras ni catástrofes”, comparando la tasa de recepción de pensiones en Argentina (4,6 %) con la de Israel (3,5 %), un país en constante estado de alerta.
ANDIS, bajo la conducción del abogado Diego Spagnuolo, señalan que detectaron un “fraude a gran escala”, con un cálculo aproximado de desvío de fondos cercano a los USD 1 000 millones al año.
La revisión abarcó a todos los beneficiarios de pensiones por discapacidad laboral bajo la ley 13.478 y el decreto 432/97 (y modificatorias), exceptuando a menores de edad y personas auditadas en 2024. Las auditorías estuvieron a cargo de profesionales médicos del PAMI y personal de ANDIS.
Por último, Adorni vinculó lo sucedido con recientes votaciones legislativas: cuestionó que el Congreso rechazara el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, lo que —según él— defiende un sistema “corrupto” que favorece a quienes “diseñaron este esquema”.